Faltan por testificar 10 involucrados en el escándalo
Inminente, que se consigne a un juez federal el caso Lydia Cacho
Los actores principales se han negado a declarar, al acogerse al artículo 20 de la Constitución Mexicana
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (Feadp) tiene pendiente llevar a cabo al menos 10 declaraciones ministeriales de celadores, custodios y agentes judiciales que participaron en la detención de la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho.
Fuentes oficiales informaron que prácticamente todos los funcionarios poblanos involucrados en el escándalo ya se presentaron ante la fiscalía especial, empezando por el gobernador Mario Marín, así como el empresario Kamel Nacif, quienes enfrentan acusaciones de tortura, intento de violación, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias, así como de peculado por utilizar recursos públicos en cuestiones personales, en el caso del llamado góber precioso.
Como la mayoría de esos empleados públicos se negaron a rendir su declaración ministerial -se acogieron al artículo 20 de la Constitución Mexicana-, la fiscalía especial puede consignar el expediente ante un juez federal en el momento en que lo considere oportuno, sin necesidad de esperar los alegatos de quienes optaron inicialmente por no hablar en su defensa.
Cabe señalar que al igual que el gobernador poblano, la procuradora con licencia Blanca Laura Villeda, y los dos agentes judiciales que trasladaron a Lydia Cacho de Cancún, Quintana Roo, al estado de Puebla, coincidieron en la misma estrategia de defensa: negarse a declarar.
En tanto la juez quinta de defensa social del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez González -quien giró las orden de detención en contra de la autora de Los demonios del edén-, declaró por su parte ante Feadp que no recibió amenazas ni presiones de ningún tipo cuando ejerció acción penal contra Lydia Cacho.
Aunque faltan al menos 10 funcionarios menores de rendir su declaración, sobre todo celadores, custodios y agentes policiacos que tuvieron contacto con la víctima a su arribo a Puebla, los informantes señalaron que el fiscal especial puede consignar en cualquier momento el expediente ante un juez federal.