Activistas exigen que la PGR atraiga investigaciones; desconfían de autoridades locales

Presenta el Centro Pro denuncias por agresiones sexuales en operativo de Atenco

La CNDH y el Edomex buscan evitar la intervención federal, afirman organismos

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres una denuncia penal con siete casos de mujeres agredidas sexualmente por policías en el operativo policiaco efectuado en San Salvador Atenco, el 4 de mayo pasado. Tres son por violación y cuatro por abuso sexual.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseveró que la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte decía que no había recibido denuncias de mujeres: "ya las tiene, desde la semana pasada se le presentó una denuncia con siete casos; ahora los debe investigar. Además está toda la evidencia pública, que sin duda debe dar lugar a una atracción del caso, porque en el operativo participó la Policía Federal Preventiva".

Al principio, la fiscal especial decía que no tenía materia, "ya tiene siete casos formalmente presentados, debe iniciar la investigación, porque la actuación que ha asumido hasta hoy ha sido tibia y tímida. Vamos a ver ahora si investiga o declina la competencia. Ella debe incidir ante el procurador general de la República y el Ejecutivo para que el caso sea atraído por la PGR".

David Velazco, director del Centro Pro, y Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, en entrevistas por separado, coinciden en que "no confiamos en las autoridades del estado de México como los directamente responsables de llevar la investigación: no pueden ser juez y parte. Hay riesgo de que haya colusión y complicidad y se deje en la impunidad estas violaciones y humillaciones".

Ambos dirigentes de organizaciones civiles sostienen que "hubo elementos de la PFP, eso es suficiente para la atracción, pero lo que están haciendo las autoridades del estado de México y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es armar todo lo posible para no dar intervención a las autoridades federales".

Edgar Cortez, incluso, subrayó: "la CNDH aplicó una visión y un criterio jurídico sumamente formal, pero ello no crea las mejores condiciones para una investigación a fondo e imparcial. Jurídicamente pudo ser correcta esa decisión, pero políticamente es muy riesgosa, podría contribuir a la impunidad, como ocurrió en Guadalajara, Jalisco, con las protestas de los altermundistas".

Velazco manifestó que "lo que demandamos es que el gobierno federal atraiga el caso para que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se lleve ante la autoridad a los responsables y deslinde quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de estos actos salvajes, sobre todo, mandos medios y superiores que idearon y organizaron este operativo".

La Red Todos los Derechos Para Todos se pronunció porque la fiscalía especial atraiga íntegramente el caso de los abusos policiacos "tanto las violaciones y abusos sexuales, como los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, la incomunicación en que mantuvieron a los detenidos, la obstrucción para que sus abogados y defensores pudieran hablar con ellos, las violaciones al debido proceso; todo, todo ello, lo debe atraer para su investigación la PGR, porque no confiamos en las autoridades del estado de México".