Diputados piden la destitución del titular de la PFP
El gobierno federal debe dejar doble discurso sobre derechos humanos
En congruencia con la distinción para México de presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno federal debe dejar a un lado el doble discurso e iniciar las investigaciones para castigar a quienes violaron las garantías elementales de los detenidos durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, demandó el PRD durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente.
Pidió, incluso, la destitución del titular de la Policía Federal Preventiva, Eduardo Martínez Acuña, y del comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, para iniciar las investigaciones correspondientes sobre su responsabilidad en los hechos violentos en Atenco, particularmente en la violación de mujeres.
El diputado perredista Inti Muñoz advirtió que, luego del informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se da cuenta del abuso de la fuerza y las conductas delictivas en que incurrieron elementos de seguridad pública estatal y federal, es necesario que se actúe a fondo.
Muñoz presentó en nombre de su compañera de bancada, la diputada Eliana García Luna, un punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente exhorte a la CNDH a emitir a la brevedad la recomendación correspondiente.
Asimismo, que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie las averiguaciones pertinentes y se presenten ante tribunales a los responsables de las "flagrantes violaciones a los derechos humanos" que, según la CNDH, configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales, particularmente en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.
El asesinato, la deportación o traslado forzoso, la tortura, violación o cualquier forma de violencia sexual y la persecución de un grupo por motivos políticos, son delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, detalló el perredista.
Hizo notar que las agresiones sexuales y las violaciones de que fueron objeto las mujeres de San Salvador Atenco durante su traslado a los centros de detención, configuran el delito de tortura, de acuerdo con Naciones Unidas, por lo que no deben quedar impunes.
Sin embargo, "ha sido vergonzoso" ver cómo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal y el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, hayan puesto en duda, en todo momento, que esas violaciones a los derechos humanos se hubieran cometido.
No hay congruencia en que México presida el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el país persista "una policía represiva, violenta".
La propuesta fue turnada a comisiones y se espera que se discuta ante el pleno la próxima semana.