Interpone la empresa de capital español denuncia contra funcionarios del GDF

Encinas: nada irregular en permiso; por video, acción legal contra Eumex

Nunca se supo que la reunión sería filmada ni se autorizó su difusión, asegura grupo IMU

ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, rechazó que existan irregularidades en la adjudicación del permiso administrativo temporal revocable (PATR) a la empresa Servicios Urbanos del Centro, para explotar con publicidad comercial las mamparas de los parabuses.

De encontrar alguna irregularidad se revocaría de inmediato el permiso, dijo luego de que la anterior permisionaria, Equipamientos Urbanos de México (Eumex), difundió ayer un video con el que pretende demostrar que el gobierno capitalino favoreció al concesonario actual.

Mencionó que el video, en el que se exhibe una conversación entre el presidente del consejo de administración de Eumex, Antonio Torres Martínez, y el apoderado legal de Servicios Urbanos del Centro, Gerardo Cándano Conesa, no se observa más que un asunto entre particulares, donde el Gobierno del Distrito Federal nada tiene que ver. Y dejó en claro que ni Cándano ni ningún otro particular pueden hablar a nombre del GDF, más que los responsables del mismo, por lo que al asunto tendrá que aclararlo el mismo empresario.

"Vamos a escuchar a la otra parte, vamos a analizar y a seguir un procedimiento regular para actuar sólidamente en lo que corresponda al gobierno y cumplir todas las disposiciones de la ley", indicó.

En tanto, la empresa Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) informó que nunca se tuvo conocimiento de que la conversación entre ambos empresarios sería filmada y menos dio consentimiento para que fuese difundida, por lo que, afirmó, iniciará las acciones pertinentes para salvaguardar el buen nombre de sus accionistas, clientes y empresas, entre las cuales está Servicios Urbanos del Centro.

Mediante un comunicado de prensa aclaró que el objetivo del encuentro fue una negociación comercial de carácter privado entre empresarios, a la cual se acudió por invitación de Carlos Barón y Carlos de Meer, consejeros de Eumex, y con el interés de adquirir el ciento por ciento de sus acciones, pues como es sabido, estuvo en venta desde principios de año.

Tal situación, explicó, se demuestra a lo largo del video al ceñirse "exclusivamente en el ámbito comercial, y permite confirmar que la reunión que se efectuó el 16 de marzo del presente año fue de carácter privado. Nuestro compromiso es con la ciudadanía y los anunciantes, por lo cual continuaremos ofreciendo un servicio de calidad y confiabilidad".

Por ello, advirtió, dentro de los cauces de la ley iniciará las acciones pertinentes para salvaguardar sus empresas, como es Servicios Urbanos del Centro, cuyos socios son Gerardo Cándano Conesa y Javier von Bertrab, este último casado con Carla Azcárraga, hermana del presidente del consorcio Televisa, quien es mencionado en el video difundido por Eumex.

A su vez, Uriel Tufiño, director de Servimet, entrevistado al salir de una audiencia en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, sobre el amparo que solicitó Eumex contra el retiro de sus carteles, dijo que no es ninguna casualidad que decidiera difundir el video, previo a que la juez Silvia Cerón Fernández resuelva este jueves el caso en definitiva, y no descartó que pretenda utilizarlo ante el juzgado como prueba.

Los representantes legales de la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex) interpusieron una denuncia penal contra funcionarios de la administración capitalina y Gerardo Cándano y Javier von Bertrab, socios de la firma Servicios Urbanos del Centro, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y tentativa de extorsión en el retiro del permiso que tenía desde 1994, para el uso de 2 mil 500 espacios publicitarios en la ciudad.

Tras la presentación del video en el que se exhibe la "persecución de que hemos sido objeto por el Gobierno del Distrito Federal y darle de manera directa a Cándano este privilegio", el despacho de abogados de Eumex elabora nuevas denuncias penales contra los actuales y anteriores funcionarios del GDF, y entregará en los siguientes días una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"No es un ataque, es una defensa ante actos fraudulentos y artificiosos para quitarnos del camino. Cómo explicar que Cándano acudiera a nuestras oficinas y ofreciera un negocio para allanarnos el camino, porque el ex jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el ex oficial mayor, Octavio Romero, no nos querían y dos meses después le dan nuestro contrato", se preguntó Eduardo Macías, representante legal de la empresa española.

Sin embargo, confió en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal actuará de manera expedita, y el juzgado primero de distrito en materia administrativa les otorgará una suspensión definitiva respecto del juicio de amparo que promovieron el pasado 4 de mayo, por el operativo de retiro de carteleras de publicidad y el mobiliario de piedra de publicidad integrada (mupis de piedra).

La suspensión provisional que se otorgó el 17 de mayo impide en estos momentos a las autoridades capitalinas y a los "nuevos encargados" de la explotación de los 2 mil 500 espacios publicitarios, entre cobertizos y mupis, quitar las actuales carteleras de apoyo a las obras sociales y viales del Gobierno del Distrito Federal, y poner nuevos anuncios. ¿No qué ya no había recursos legales y qué todo estaba arreglado?, se preguntó.

Por ello, en la audiencia previa en el juzgado primero de distrito que se realizó ayer, se presentaron pruebas de las supuestas acciones ilegales en que han incurrido los funcionarios, entre las cuales está un extracto del video en el que "Cándano dice que habló con Andrés Manuel y Octavio Romero, y, de buena fe expresa su interés de comprar la empresa en la cantidad que fijáramos", señaló Macías.

A todas luces, agregó, la entrega de manera directa del permiso administrativo temporal revocable entregado a Servicios Urbanos del Centro es ilegal, porque nunca se licitó en busca de obtener una mejor oferta, ni tampoco se consideró que están vigentes los contratos firmados por Eumex y que le permiten mantener el control de dichos espacios. La decisión por eso de interponer nuevas denuncias contra funcionarios involucrados en el proceso, desde 1997 a la fecha, donde "la persecución ha ido en ascenso, afectando nuestro prestigio y clientela, a lo cual también tendrán que responder", advirtió.