"Grave problema de política judicial", considera ministro
Revoca la Corte destitución del CJF a magistrado de circuito
De nueva cuenta, el pleno de la Suprema Corte de Justicia Nación revocó la destitución de un magistrado de circuito, quien había sido removido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar que el juzgador cometió únicamente "faltas no consideradas como graves por la ley". Esto, pese a que fue acusado de haberle faltado al respeto a una oficial judicial a su cargo, y de contar con cuatro sanciones administrativas previas.
La mayoría de los ministros que votaron a favor de la permanencia de José Trinidad Jiménez Romo, como uno de los integrantes del escalafón más alto de la carrera judicial, desestimaron no sólo la falta de respeto a una de sus colaboradoras, sino también en contra de la opinión del ministro Juan N. Silva Meza -el único que votó en contra en este asunto (revisión administrativa 7/2005)-, quien aseveró que el asunto representa "un grave problema de política judicial, ya que estamos ante un funcionario que no sólo no respeta a sus subordinados, sino que tampoco cumple con el principio de profesionalismo que comprende la carrera judicial".
Esta no es la primera ocasión en que el máximo tribunal favorece a un magistrado que incurre en conductas de ese tipo: recientemente, revocó otra decisión del CJF en la que se había destituido al también magistrado Héctor Gálvez Tánchez -acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas- cuando estableció que como el acoso sexual no es un delito grave, entonces no procedía su destitución.
En el asunto de Jiménez Romo, Silva Meza cuestionó a sus compañeros -Genaro Góngora Pimentel, Mariano Azuela y Sergio Valls se excusaron de conocer el asunto, por haber integrado en su momento el CJF- por el hecho de considerar que las faltas no graves no deben ser motivo de remoción de los juzgadores.
Es decir, subrayó Silva Meza en su voto particular, en poder de La Jornada, al actuar así el pleno de ministros impide que a partir de quejas no graves el CJF haga una evaluación general de los juzgadores, lo que dificulta la vigilancia en la conducta y que no se sancione adecuadamente con la destitución en casos en los que el acusado "se haya apartado de los principios constitucionales que inspiran la carrera judicial".
La decisión de la mayoría prevaleció, pese a reconocer que en el caso del magistrado Jiménez Romo se acreditó plenamente su responsabilidad, de que "no trató con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a una oficial judicial a su cargo".
En el expediente de la causa se menciona una conversación entre el funcionario y su subordinada, del 29 de marzo de 2005, en la que éste le preguntó "si estaba despechada"; además, la amenazó con que "su novio se enteraría de que salía con ella y que lo publicaría en edictos para que se supiera y para que en el CJF le dijeran que era un garañón"; además de ponerla en "una situación difícil" al advertirle que si presentaba una queja saldría "muy raspada".
Por si fuera poco, los ministros ignoraron las quejas administrativas consistentes en: apercibimiento privado (27/10/ 1999) por excederse en sus facultades, al coadyuvar con el fisco, al informarle a la Secretaría de Hacienda sobre posibles delitos fiscales; supensión de un mes sin goce de sueldo (26/04/2000) en el cargo de magistrado de circuito al ordenar "de forma errónea" la libertad de una persona a la que se le habían impuesto 10 años de prisión por delitos contra la salud, "en un acto de ineptitud o descuido en el ejercicio de labor jurisdiccional"; apercibimiento privado (7/02/2002) por separar de su cargo injustificadamente a una subordinada; amonestación pública (02/ 04/2001), por resolver ocho asuntos en contra de criterios establecidos por la Suprema Corte.