Editorial
Sao Paulo: masacre policial
La sublevación carcelaria y delictiva que estalló el fin de semana antepasado en el estado brasileño de Sao Paulo, especialmente en su capital, del mismo nombre, no tiene precedente en la historia de la criminalidad latinoamericana. Se amotinaron decenas de miles de presos en medio centenar de centros de reclusión y las organizaciones delictivas que actúan fuera de las penitenciarías tomaron por asalto la ciudad, atacaron con armas de fuego y explosivos bancos y cuarteles policiales, incendiaron decenas de autobuses y asesinaron a más de 30 policías. Ante esa violencia, las fuerzas del orden no sólo reprimieron a los insurrectos, sino que aplicaron, según la información disponible, una estrategia de terror contra la población de barrios pobres y marginados y perpetraron matanzas de inocentes.
De acuerdo con medios de prensa brasileños, en la lista oficial de muertes 109 presuntos delincuentes, 33 policías, 18 internos, ocho custodios y cuatro personas no involucradas de manera alguna en la revuelta, lo que hace un total de 172 no están incluidos un centenar de cadáveres que fueron llevados a las morgues con heridas de bala. En los días posteriores se han dado a conocer testimonios que hablan de decenas de ejecuciones de jóvenes inocentes por policías encapuchados. A más de una semana de los hechos, las autoridades estatales empezaron a reconocer que "pudo haber habido" abusos por parte de las fuerzas del orden, pero siguen negando el hecho fundamental: que la policía respondió con barbarie a la barbarie.
La vesania represiva tiene un precedente esclarecedor: en el pasado reciente, muchos integrantes de las corporaciones policiales brasileñas se organizaron, en forma paralela a sus actividades oficiales, en escuadrones de la muerte que se dedicaban a asesinar a muchachos pobres, como una manera perversa y delirante de intimidar a las bandas delictivas. Al parecer, la práctica está de regreso.
En muchos sentidos, la fuerza de los grupos criminales que sumieron en el caos a Sao Paulo entre el viernes 12 y el lunes 15 ha sido alimentada por el propio Estado: las condiciones de pesadilla que imperan en el sistema penitenciario brasileño han convertido las rebeliones carcelarias en un fenómeno recurrente y frecuente; la corrupción, la penalización de la pobreza y los resultados contraproducentes de la lucha contra el narcotráfico una guerra que los gobiernos del continente perdieron hace mucho tiempo, así como Estados Unidos perdió la guerra contra el alcohol en tiempos de la ley seca han dado a las organizaciones delictivas de Sao Paulo y de todo el país un sentido que va más allá de la simple búsqueda de ganancias ilegales. La violencia oficial contra los jóvenes de las barriadas es un aliento para la integración de éstos en el crimen organizado y hace imposible la construcción de vínculos de confianza y credibilidad entre la población y los cuerpos policiales, y las instituciones del sistema de justicia en general.
Independientemente de las graves distorsiones que desembocaron en el motín carcelario paulista, es claro que los gobiernos federal y estatal tienen, en lo inmediato, la obligación de esclarecer los actos criminales cometidos por las fuerzas del orden, compensar a las víctimas y sancionar conforme a las leyes a los responsables materiales e intelectuales, sea cual sea su nivel y rango. En Brasil, en México y en cualquier otro país, el combate a la delincuencia no puede llevarse a cabo mediante atropellos, violaciones y asesinatos, independientemente de que las víctimas de estos excesos sean inocentes, sospechosos o culpables convictos. La tarea de los gobernantes es respetar la ley y hacerla respetar, no quebrantarla.