Editorial
Migración: avance parcial
La iniciativa de reforma migratoria aprobada ayer por el Senado estadunidense tiene un mérito claro e indudable: ofrece una salida del infierno a unos 7 millones de indocumentados, mexicanos en su mayor parte, que llevan cinco años o más trabajando en territorio del país vecino en condiciones de persecución, discriminación e indefensión completa; para quienes tienen entre dos y cinco años en Estados Unidos otros 5 millones, la votación senatorial es, en cambio, una arma de dos filos: les da acceso a una legalización temporal y un permiso de estancia transitorio, al término del cual deberán abandonar el país al que contribuyeron a enriquecer. Para los trabajadores extranjeros que tienen dos años o menos viviendo al norte del Río Bravo, la reforma no cambia nada; esta tercera categoría de migrantes seguirá padeciendo la persecución y el hostigamiento, la discriminación, la explotación laboral y el completo desamparo legal.
Sería injusto regatear el festejo por el beneficio a los indocumentados veteranos, para quienes la propuesta del Capitolio representa nada menos que el tránsito de la sobrevivencia a la vida. Pero habría que hacer gala de una enorme miopía para pasar por alto la contraparte de este logro: una frontera bardeada y militarizada que multiplicará el sufrimiento y las muertes entre quienes acuden al país vecino en busca de trabajo y de mejores horizontes, y el mantenimiento de la opresión migratoria contra un sector de indocumentados que se irá haciendo cada vez más numeroso, conforme se agreguen a él los recién llegados que logren, a pesar de la muralla y de la Guardia Nacional, internarse al territorio estadunidense. En suma: la decisión de los senadores es un alivio fundamental para las condiciones de 7 millones de indocumentados, pero empeora las de otros 13 millones y las de quienes llegarán en los próximos días, meses, años y lustros.
A fin de cuentas, la determinación es una solución parcial y temporal a la problemática generada por un fenómeno estructural que no va a modificarse en el futuro cercano: las asimetrías económicas entre Estados Unidos y las naciones expulsoras de mano de obra que, como la nuestra, son incapaces de ofrecer condiciones de vida mínimamente dignas a sus propios habitantes. Por eso, si la iniciativa aprobada ayer se concreta y se lleva a la práctica, dentro de una década, dentro de cinco años, o incluso antes, la clase política estadunidense estará enfrascada en un nuevo debate para legalizar a los indocumentados que no resultaron beneficiados en esta ocasión, más los que se agreguen de aquí a entonces.
Con esas consideraciones en mente, es claro que la única solución realista y duradera al asunto de la migración indocumentada es un acuerdo de libre tránsito de mano de obra, adicional a los instrumentos que ya existen para impulsar el libre comercio de mercancías y capitales.
Entre la postura de los legisladores estadunidenses y un convenio como el referido hay la misma distancia que entre una reforma migratoria y un acuerdo migratorio. En efecto, debe considerarse que en el debate que tiene lugar en Washington, los países de los inmigrantes no tienen ninguna relevancia ni participación. Las medidas analizadas, desde la documentación de una parte de los trabajadores extranjeros hasta la construcción de la muralla en la frontera sur, responden a cálculos económicos y negociaciones políticas propiamente estadunidenses, de un lado, y a la enorme presión ejercida por los propios migrantes, por el otro. Pero, a fin de cuentas, la migración es un problema bi y multilateral, y hace necesaria una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades de las naciones de origen de los migrantes.
El afán demagógico y oportunista con que la Presidencia mexicana celebra la decisión referida no sólo es apresurado falta aún ver en qué acaba la conciliación de los términos aprobados por los senadores con las propuestas mucho más duras que se enarbolan en la Cámara de Representantes sino también contraproducente por varias razones: la primera es que el desbordado entusiasmo foxista intenta presentar lo aprobado ayer en el Capitolio como "la" solución al drama de los migrantes y, en la medida en que lo logre, contribuirá a tender un manto de silencio sobre los predicamentos de quienes no se verán favorecidos por la medida; adicionalmente, la maniobra burda del presidente Vicente Fox para atribuirse parte del crédito hizo lo posible porque el anuncio de la reforma lo pillara en territorio estadunidense, y ahora hasta emplea sin rubor la primera persona del plural para incluirse entre los protagonistas del debate migratorio coloca en una posición de ridículo tan visible como innecesaria al Ejecutivo federal mexicano. Es preciso recordar que el actual gobierno abdicó, al poco tiempo de haber tomado posesión, de sus obligaciones ante la defensa de nuestros connacionales en el país vecino; que, por el contrario, no ha dejado de solidarizarse con las feroces medidas de represión contra los migrantes balas de goma, envío de la Guardia Nacional a la frontera y que Los Pinos, Tlatelolco y Bucareli no tienen ningún mérito en la posible legalización de 7 millones de indocumentados.
Han sido los propios migrantes, así como las comunidades latinas en Estados Unidos, quienes han introducido un elemento de presión social en el debate parlamentario, y a ellos corresponde el crédito por los aspectos positivos que pueda arrojar esta reforma migratoria. Si no se ha logrado más, en cambio, ello puede atribuirse al entreguismo, la indiferencia y la frivolidad de un gobierno ensimismado en logros inexistentes, carente de sentido de nación pero rebosante de olfato para las relaciones públicas. Al próximo equipo presidencial corresponderá empezar de cero, y cabe esperar que con una mínima firmeza, las negociaciones hacia un acuerdo migratorio bilateral, algo que para el foxismo fue sólo una más entre tantas promesa incumplidas.