La autoridad sigue la lógica de la filtración, dice
Acusa el depuesto líder a PGR de inducir un juicio paralelo
La Procuraduría General de la República (PGR) "ha inducido intencionalmente un juicio paralelo" en las investigaciones del fideicomiso de 55 millones de dólares del sindicato minero y ha seguido una lógica de filtraciones, e inclusive ha violado el principio de confidencialidad.
El líder minero Napoleón Gómez Urrutia señaló lo anterior en un documento que se presentó ayer ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, mismo que fue difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. En la comparecencia escrita señala que la PGR ha sido "decididamente hostil" contra el sindicato y ha hecho un manejo discrecional de la documentación que ampara este caso, e inclusive ha inducido un enjuiciamiento paralelo que ha dado lugar a la condena pública y que significa un instrumento de presión táctico y estratégico "para agobiar a quienes considera indiciados en sus expedientes".
Gómez Urrutia explica en el documento que el origen y circulación de los fondos de dinero a que se refiere este caso ha sido siempre en los cauces de la licitud del sector bancario y financiero de México, e inclusive de ello puede dar pruebas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que conoce las operaciones del fondo fiduciario.
En el mismo sentido defiende que el origen, la estructura, la naturaleza, el cumplimiento de sus fines y la extinción del fideicomiso fueron totalmente legales y no hubo ningún hecho delictuoso, toda vez que fueron objeto de los enteros fiscales correspondientes que la autoridad recibió y reconoció que se cumplieron todos los términos de legalidad en esta operación fiduciaria.
Sin embargo, las autoridades judiciales en lugar de dedicarse a resolver o investigar en este sentido, crean especulación y utilizan la investigación para hacer más severo el ataque y la violación a la autonomía del sindicato, con el argumento de que se generó un fraude en la operación del fondo fiduciario, indica.
La información difundida por este sindicato señala que Gómez Urrutia propone cuatro puntos para que sean tomados en cuenta en esta investigación: esclarecer el origen de la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea por parte del Grupo México y Grupo Villacero para conocer cuándo, dónde y ante quién se cubrió el monto de esta compra-venta.
Como segundo punto pide la comprobación del pago de los 55 millones que Grupo México tuvo que cubrir a los sindicalizados, con 15 años de retraso. El tercer aspecto es el análisis de la violación a la autonomía sindical por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al otorgar la toma de nota a un expulsado del sindicato (Elías Morales), y el cuatro y último es deslindar responsabilidades de Grupo México y la dependencia sobre las causas de la explosión en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos.
Según considera Gómez Urrutia, el sindicato minero ha sido objeto de una intromisión gubernamental ajena a los principios constitucionales, los tratados internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias que consagran el derecho a la autonomía de los sindicatos.