Obsequió la orden un juez de Toluca, por secuestro; sería recluida en La Palma
En marcha, la maquinaria judicial para aprehender a América del Valle
Por ser delito grave no alcanzaría fianza; es acusada de hechos en los que ni siquiera participó
El proceso policiaco judicial para rastrear la ubicación de América del Valle -hija del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle-, detenerla y recluirla en La Palma, el penal de máxima seguridad de Almoloya, se echó a andar ayer con la orden de aprehensión emitida por el juez primero del fuero común en Toluca, por el delito de secuestro.
Para lograrlo, las corporaciones policiacas mexiquenses suscribieron ya un convenio de cooperación con las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República. De ser ingresada a La Palma, América sería la única mujer en ese penal, que desde hace meses es custodiado y administrado por la Policía Federal Preventiva.
Entre tanto, el abogado defensor de la joven prófuga, Leonel Rivera, promueve una demanda de amparo. Sin embargo, por tratarse de un presunto delito considerado grave, la estudiante atenquense podría ser arrestada aun cuando la resolución de dicho amparo le fuera favorable.
La orden de arresto por las causas penales 9106 y 9206 debe ser sometida al juez octavo de distrito. Sólo hasta entonces la defensa conocerá los términos precisos de la acusación que se le imputa a América. "Por ahora -informó Rivera- no tenemos datos concretos. Debemos esperar a que el juez emita su informe justificado para conocer las conductas individuales que se le imputan. No sabemos si es por secuestro equiparado o por secuestro. Sabemos, eso sí, que fue por la retención del director general de Gobernación estatal de la región Texcoco, Rosendo Rebolledo Montiel, y un agente de la dependencia, Cristóbal Reyes Franco, en los hechos del 8 de febrero de este año".
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México acusa a América del Valle, pasante de la carrera magisterial, de "secuestro". Lo que ocurrió ese día se originó dos días antes, el 6 de febrero, cuando un campesino del poblado de La Resurrección, Arturo López Frutero, fue detenido por agentes judiciales, acusado de fraccionar "ilegalmente" su parcela para repartirla entre familiares. López fue recluido en el penal Molino de Flores.
La demanda fue declarada inválida por el juez correspondiente, y el 8 de febrero cientos de ejidatarios del FPDT se reunieron frente a la cárcel para esperar su liberación. Pero cuando realizaban los trámites para su excarcelación, el juez segundo de lo penal en Molino de Flores, Jorge Solano, aceptó un nuevo cargo, fuera de los tiempos legales, por una presunta "tentativa de violación" (causa penal 149/003) de una menor, y López recibió una nueva orden de arresto.
Mientras esto ocurría en los juzgados, la Dirección General de Seguridad Pública estatal, que comanda Wilfrido Robledo, envió a 500 granaderos a rodear a los ejidatarios que esperaban afuera de la prisión. Estos se replegaron y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco. En el camino se toparon con Rebolledo, el representante del gobierno mexiquense en Texcoco; lo retuvieron y lo llevaron a la casa ejidal. Rebolledo había fungido como interlocutor de los atenquenses en las negociaciones para la liberación de López y se había comprometido a gestionar su liberación. Ignacio del Valle, quien se encontraba junto con los demás ejidatarios en la casa ejidal, entabló un diálogo con las autoridades en Toluca.
"Aquí es importante hacer notar -señaló el abogado Leonel Rivera- que América no estaba entre quienes retuvieron al funcionario y a un agente. Por el contrario, ella había partido hacia Texcoco en una comisión que se formó para tratar de solucionar el conflicto."
Los ejidatarios de Atenco permitieron el retiro de Rebolledo 48 horas después, el 10 de febrero, a cambio de la promesa de las autoridades estatales de revisar y agilizar el proceso seguido contra López Frutero. Más aún, pese a lo acordado, los interlocutores del gobierno mexiquense en Toluca nunca enviaron a los intermediarios a recoger a Rebolledo y al agente, por lo que fueron los propios ejidatarios quienes, en caravana, le dieron "aventón" al director de Gobernación hasta sus oficinas en Texcoco. Ahí, Rebolledo fue recibido por el director regional de Gobierno de la zona oriente del estado de México, Jaime Serrano Cedillo. Incluso Serrano selló el acuerdo con Ignacio del Valle con un apretón de manos.
A la postre, el campesino López Frutero fue liberado días después por disolución de evidencias en su contra.
Pero el 6 de abril ocurrió otro episodio donde el inminente choque entre ejidatarios del FPDT y los granaderos estatales, y la retención de funcionarios, se hicieron presentes. Se trataba de una cita acordada entre los atenquenses y el gobierno en Toluca, en el auditorio municipal de Texcoco, para atender dos demandas de la agenda educativa: la remodelación de la escuela primaria de Atenco, en peligro de desplomarse, y los últimos detalles para echar a andar la primera escuela de educación especial para niños discapacitados, Papalótl, en el municipio. Sin embargo, el secretario de Educación estatal, Isidro Muñoz, decidió no ir a la cita y enviar a varios subordinados sin capacidad resolutiva: Maclovio Zurita, Jesús Zimbrón y Antonio Villanueva.
Los atenquenses, entre los que se encontraban Ignacio del Valle, su hija América y unos 30 más, entre ellos varios niños discapacitados, insistieron en que Muñoz se hiciera presente o nadie abandonaría el auditorio. En respuesta, el gobierno mexiquense envió a 500 granaderos a cercar el auditorio. Nadie pudo abandonar la sede. Cinco horas después, el contralmirante Robledo duplicó la cifra de granaderos de la unidad Dragones. Rodeados por un millar de policías fuertemente armados y en posición de ataque, los campesinos recibieron refuerzos de sus vecinos, y de maestros y alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo, que llevaban tiempo solidarizándose con el movimiento del FPDT.
Hubo un momento de máxima tensión, cuando los líderes del frente colocaron cohetones en la cintura de los funcionarios, amenazando con encenderlos. Los granaderos, a su vez, amenazaban con disparar. Se dieron varios conatos de violencia, con la presencia de bombas molotov en manos de los ejidatarios. Adán Espinosa, otro de los líderes del frente -quien por cierto también se encuentra prófugo-, condujo el cierre de la carretera federal Texcoco-Lechería. En ese bloqueo retuvieron a dos policías más, Marco Antonio Gómez y Jesús Alejando Torrecillos.
A punto de ebullición, el conflicto volvió a su cauce cuando Ramón Velasco y Miguel Angel Núñez, de la Subsecretaría de Gobernación de Toluca, ofrecieron reprogramar la cita con el secretario de Educación que faltó a su compromiso. A partir de entonces, los granaderos se replegaron, los ejidatarios y los funcionarios retenidos retornaron a sus casas y todo volvió a la calma.
Ese fue el "secuestro equiparado" por el cual hoy están en La Palma Del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, trasladado a Almoloya apenas anteayer. Y a donde pueden enviar a América del Valle.