Desató la violencia un grupo provocador aparentemente enviado por Gobernación

Tras 2 años, impune la represión en Guadalajara

Golpizas, maltratos y vejaciones, fue la tónica con detenidos; muchos no tenían nada que ver

JAIME AVILES

Esta tarde, la vida cumplirá dos años desde el atardecer del viernes 28 de mayo de 2004, cuando al término de una manifestación pacífica, reventada por provocadores infiltrados en el centro de Guadalajara, las fuerzas antimotines de Jalisco reprimieron ferozmente a una muchedumbre de jóvenes que protestaba contra una cumbre de mandatarios europeos y latinoamericanos encabezada por Vicente Fox.

Tras las vallas del imponente esquema de seguridad, el Presidente de México promovía en todos los ámbitos del encuentro a su esposa, la señora Marta Sahagún, mientras en la esquina de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, golpeadores enviados aparentemente por la Secretaría de Gobernación, que entonces dirigía Santiago Creel, esperaban la llegada de la columna de jóvenes altermundistas, darketos y punks, para atacar a los granaderos con botellas de plástico y piedras, suscitar un enfrentamiento y desatar el caos, como en efecto ocurrió.

El propósito de los "representantes" de Creel no era obvio: su misión consistía en crearle graves problemas políticos al gobernador de Jalisco, Francisco Acuña Ramírez, para echarle a perder sus planes inmediatos, que ignoraba la opinión pública. Este había preparado todo para celebrar un banquete al día siguiente, en un rancho cercano a Guadalajara, donde ante cientos de campesinos "invitados a comer carnitas" y a la vieja usanza priísta, destaparía como precandidato del PAN a la Presidencia de la República a Felipe Calderón Hinojosa, como también, en efecto, ocurrió.

Los disturbios estallaron a eso de las 18 horas y se prolongaron 65 minutos. Tras durísimos choques entre verdaderos guerreros contestatarios, que quemaban con improvisados lanzallamas los escudos de acrílico de los antimotines y por momentos lograban desarmarlos y molerlos a golpes, el gobernador -según confesaría después- ordenó "personalmente" el contrataque.

Con potentes chorros de agua fría, bombas de gas mostaza y garrotazos a granel, los uniformados consiguieron poner en fuga a los muchachos y arrestar a no pocos de ellos, a quienes, como a la fotógrafa Liliana López Galaviz, se llevaron bañados en sangre, con golpes en la cabeza y la espalda, porque los atacaron cobardemente por atrás.

Entonces, también por instrucciones de Ramírez Acuña, las camionetas de Seguridad Pública iniciaron redadas en el centro de la Perla Tapatía y en calles y bares aledaños al lugar de los hechos detuvieron a decenas de personas más. El gobernador les había exigido una cuota mínima de cien jóvenes presos.

Estos fueron reunidos en los sótanos de la Dirección General de Seguridad Pública, donde los muchachos empezaron a ser golpeados a patadas y puñetazos y las muchachas obligadas a desvestirse y hacer sentadillas para que los policías les vieran el sexo, les dijeran "piropos" y amenzaran con violarlas.

A partir del amanecer del sábado 29, casi la mitad de los detenidos fue trasladada a los sótanos de la Procuraduría General de Justicia del estado, que se convirtió automáticamente en una sucursal de la cárcel estadunidense de Abu Ghraib en Irak. En su edición del lunes 31, como nota principal de su primera plana, La Jornada denunció:

"Los 44 jóvenes consignados no han dejado de ser golpeados por los agentes de la Policía Judicial en los separos de la calle Independencia. No han comido ni bebido -algunos presentan signos de deshidratación-, no se les ha permitido conciliar el sueño (al que se echa una siestecita lo despiertan a patadas), no han ejercido su derecho a nombrar un abogado (a todos les impusieron un defensor de oficio) y todos, sin excepción, fueron obligados a firmar bajo tortura una declaración que los inculpa de los delitos de motín, lesiones y daños en propiedad ajena."

A Osvaldo López Ascencio, de sólo 16 años de edad, la policía lo capturó del modo siguiente: salía de la escuela preparatoria donde estudiaba cuando vio que la calle estaba llena de granaderos. Se acercó a uno y le preguntó por dónde le convenía irse; el hombre le indicó una dirección con la mano y él obediente caminó en ese sentido. Sin embargo, al llegar a la esquina, lo subieron a una camioneta de Seguridad Pública.

María del Rosario Ascencio, su madre, contó a La Jornada, llorando, que, una vez en los separos de la procuraduría estatal, "lo agarraron de la mano izquierda y le fracturaron los dedos anular y meñique (jalándoselos hacia atrás). Tiene golpes en la cabeza y en todo el cuerpo. No le han dado nada de comer y lo obligaron a firmar una declaración sin verla".

A Dagoberto Rivera Servín, de 25 años, "lo sacaron herido de la Cruz Roja, lo arrastraron jaloneándolo de la cabeza y se lo llevaron a los sótanos de la Seguridad Pública", antes de hacinarlo con el resto para seguir golpeándolo 48 horas más en los separos de la procuraduría.

A Liliana López Galaviz, a quien también se llevaron de la Cruz Roja a la procuraduría con una herida sangrante en la cabeza, la tuvieron de pie, contra la pared, sin comer ni beber, y la golpeaban en las piernas y en la espalda. Ella fue la única a quien el martes primero de junio, cuando el grupo fue encerrado en el penal de Puente Grande, la mandaron a un hospital público, y la tuvieron encadenada a su cama hasta que su familia la ayudó a salir bajo fianza.

Todo esto sucedió mientras Felipe Calderón era lanzado al estrellato del panismo por Ramírez Acuña y reprobado vehementemente por Fox y por Creel, antes de verse forzado a renunciar a la Secretaría de Energía, en la llevaba despachando sólo ocho meses. Jamás, ni entonces ni ahora, en ningún momento y de ningún modo, Calderón condenó la flagrante violación de los derechos humanos de los detenidos en Guadalajara tras los disturbios del 28 de mayo. Creel, en cambio, alabó la aplicación de la "mano dura" contra ellos.

Hoy, dos años después, al recordar aquella terrible circunstancia, una de las jóvenes que fue víctima de la furia panista en Jalisco denuncia que a los 144 detenidos que se encuentran actualmente en el penal de Santiaguito, a consecuencia de la represión foxista en Atenco, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, "les ha mandado decir que si retiran los cargos contra los abusos policiacos les bajará la fianza (de 14 mil pesos), para que salgan más rápido".

También, señala la muchacha, "está retrasando la liberación de las mujeres más golpeadas para que éstas, al salir, no muestren sus heridas, que son toda una denuncia de la brutalidad que sufrieron".