Entre el Estado y el mercado
El debate se acrecienta. Y no me refiero -precisamente, aunque también- al que se registra en nuestro país en ocasión de las próximas elecciones presidenciales, sin duda muy pobre y muy limitado. No. Aludo a la discusión que se da en torno a cuatro ámbitos productivos sustantivos: 1) el de las esferas en las que es posible obtener una renta económica derivada de la fertilidad o de la ubicación de los de los recurso naturales (petróleo y gas natural preferentemente); 2) las identificadas en el ámbito de lo energético (petroquímica y electricidad); 3) aquellas de los servicios público tradicionales como agua, drenaje y otros servicios urbanos; 4) finalmente las industrias identificadas en inglés como networks utilities, vinculadas a los monopolios naturales como el de las redes eléctricas o de telecomunicaciones. En particular, en el campo energético, que cubre los cuatro ámbitos señalados, y a propósito de la revisión de los procesos de privatización y la evolución de los esquemas y marcos de regulación, se registran severas discusiones sobre las nuevas perspectivas del petróleo, del gas natural (gas natural licuado especialmente), del carbón, de las energías renovables, de la contaminación por combustión de fósiles y -qué duda cabe- de la renacida energía nuclear.
Y en estas discusiones se pueden descubrir tres puntos que concentran la atención de los analistas en todo el mundo: 1) el primero -indudable- el del mayor o menor éxito de los procesos de privatización de los servicios públicos y de la nueva regulación de las empresas del network (permítaseme hoy llamar así a las network utilities); 2) el segundo -sustancial- el de las formas y niveles de la participación de los estados en los aspectos financiero, productivo o regulatorio de estas industrias, las de las rentas económicas naturales, las de los energéticos, las de los servicios públicos y las del network; 3) finalmente y de forma por demás concentrada, el de la mayor o menor disponibilidad de recursos -no siempre en los niveles de limitación que se menciona- para garantizar la expansión de estas empresas, trátese de fondos públicos o de fondos privados.
Es indudable que atrás de estos puntos de debate -y luego de casi 15 años de impulsos privatizadores y de búsqueda de nuevas formas de regulación- resurgen las preguntas tradicionales con las que, por cierto, nació la reflexión económica clásica: ¿Estado o mercado?, ¿competencia o regulación? Y, aunque curiosamente, sigue abonándose en el debate internacional en torno a una u otra de las alternativas propuestas, sobresalen algunas tesis fundamentales que, acaso hace 10 o 12 años, eran reconocidas más débilmente y que hoy prácticamente son aceptadas por todos los que revisan y analizan con seriedad este asunto.
Me refiero a tres básicas: 1) en cualquier caso y bajo cualquier esquema, resulta imprescindible e incuestionable la fortaleza de las instituciones estatales; y ésta sólo provendrá de una sociedad fuerte, participativa y democrática, nunca del ejercicio autoritario y despótico gubernamental; 2) también en cualquier caso y bajo cualquier alternativa, resulta imprescindible trascender las prácticas de corrupción económica y financiera, y de oportunismo político; 3); finalmente, y para sólo mencionar una más que parece tener amplio consenso, nada podrá sustituir a un auténtico sentido de justicia y equidad sociales, capaz de traducirse en políticas y mecanismos de decisión adecuados y, sin duda, en procedimientos de asignación de recursos transparentes.
Ahora bien, el logro de estas tres prácticas exige, a su vez, el diseño de instituciones adecuadas; la implantación de marcos legales y esquemas regulatorios sólidos y propicios; la identificación y nominación institucional de personal técnica y humanamente capaces, honradas, con incuestionable honradez y nítido sentido de justicia. Se trata de superar, soportar y resistir no sólo los ciclos y vaivenes económicos y políticos, sino de trascender el corporativismo estatal, el clientelismo político y el favoritismo empresarial.
Mi opinión es que en México, de forma por demás desaseada, se han ido imponiendo nuevos pero irregulares esquemas legales; marcos regulatorios no sólo incompletos sino manipulables; instituciones débiles y similarmente manipulables. Tampoco se ha logrado que de ordinario -y no sólo extraordinariamente- se nomine a personas de alta competencia técnica, sólida experiencia, honradez incuestionable y reconocimiento social amplio, como responsables de instituciones gubernamentales y de oficinas regulatorias de la mayor importancia para nuestro desarrollo, en esos campos de delicada operación.
Sí, no cabe duda que nuestro país no ha trascendido las prácticas de la corrupción económica vinculadas con débiles instituciones estatales y a personal de gobierno de escasa reputación, no sólo técnica sino moral. Y una mera elección presidencial no será suficiente para inscribirse en un nuevo terreno y bajo nuevas prácticas.
Permítaseme un comentario final. Independientemente de quién resulte triunfador en las próximas elecciones presidenciales, tendremos el reto de establecer lineamientos sólidos para nuestro desarrollo económico y social de los próximos 20 o 25 años. Y ahí, justamente en torno a la necesidad -incluso la urgencia- de determinar la preferencia social sobre el esquema a seguir, ahí mismo deberemos garantizar, en cualquier caso, la fortaleza de las instituciones, la superación de la corrupción y el oportunismo y, finalmente, el sentido de una urgente justicia social. Sí, no importa quién triunfe, esta tarea resultará impostergable. De veras.