Ha incumplido su tarea de brindar seguridad: subprocurador Alvarez Ledezma
El Estado, culpable de que cada vez haya más víctimas de delitos
No ha otorgado servicios eficaces en hospitales y escuelas, ni facilitado la generación de empleos
El Estado no ha cumplido a cabalidad con su tarea de brindar seguridad a los mexicanos, de otorgar servicios públicos eficaces en hospitales y escuelas, así como facilitar la generación de empleos, lo que ha provocado la existencia cada vez mayor de víctimas del delito, aseguró Mario Alvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al inaugurar el foro denominado Reunión de Víctimas del Delito, efectuado en un hotel del Distrito Federal, el funcionario, quien habló en representación del presidente Vicente Fox, propuso la creación de un instituto para las víctimas del delito, que adquiera rango constitucional, mediante el cual se pueda garantizar que quienes hayan sufrido un acto delictivo obtengan la reparación del daño y reciban asistencia jurídica, médica y sicológica adecuadas.
Refirió que en la actualidad la PGR tiene habilitados tres inmuebles, uno confiscado a la delincuencia organizada, para apoyar a quienes han padecido el ''flagelo de la delincuencia'', lo que anualmente representa la atención de 30 por ciento de las víctimas de un delito. Una casa se encuentra en el Distrito Federal, otra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la tercera en Monterrey, Nuevo León.
Agregó que la dependencia federal planea instalar otras tres casas de ese tipo en Guerrero, Michoacán y Jalisco -esta última será de atención multirregional-, lo que elevará 50 por ciento el nivel de atención a víctimas por año.
En la reunión, organizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, integrado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), participaron personas que han sido víctimas de algún delito, de manera directa e indirecta.
Alvarez Ledesma indicó que ''la función que debe asumir el Estado es de atender a las víctimas del delito, no como una posición humanista respecto de aquellos que han padecido el flagelo de la delincuencia, sino como una obligación que debe asumir en la inteligencia de que hay víctimas de la delincuencia, de la negligencia médica por hospitales, del Estado que no cumple con su trabajo, de la educación, de servicios públicos inadecuados, y estas víctimas lo son porque el Estado no hace bien su trabajo, no lo hace suficientemente o de plano, como a veces en la seguridad, no lo hace''.
Agregó que ''el surgimiento de la víctima está íntimamente relacionado con una visión multidimensional acerca de cómo atender el problema de la delincuencia en un Estado, y ese problema se inicia en el hecho de prevenir el delito (...) de la incapacidad de un Estado de generar empleos, buenos servicios públicos o tener policías suficientemente capacitados para enfrentar a la delincuencia''.
Señaló que la comisión de un delito, y la insuficiencia en la atención pública del Estado a las víctimas de los mismos, tiene un triple impacto: ''primero, afecta a aquellos que sufren directamente el flagelo de la delincuencia; segundo, a las familias de las víctimas, y tercero, impacta en aquellos en las organizaciones de la sociedad civil, en los abogados y en quienes se ocupan de las víctimas''.
El funcionario indicó que en la PGR, a partir de 2000, cuando se reformó el artículo 20 constitucional, ''se otorgaron derechos humanos fundamentales a las víctimas del delito. Sin embargo, el Estado mexicano tardó varios años en generar una estructura de atención a estas víctimas, y además nos parece que la misma es insuficiente''.
Alvarez Ledezma refirió que ''la víctima de un delito tiene tres clases de derechos: primero, un servicio jurídico adecuado que le permita ser coadyuvante, auxiliar del Ministerio Público en la investigación del delito. Cuando la víctima le dice al MP que hay que investigar líneas de delito, hay que escucharla, porque tiene mucha razón, ha sufrido el delito en carne propia. Tiene también derecho a que se le repare el daño, aunque en muchos casos hay indemnizaciones ridículas. Además, existe el derecho fundamental de las víctimas a recibir por parte del Estado atención médica y sicológica, no para que vayan a formar esas filas terribles de nuestros servicios médicos federales y locales, sino para que tengan una atención especializada''.
Finalmente consideró insuficiente el presupuesto que recibe la institución a su cargo, pues ''no contamos ni siquiera con uno por ciento del total del presupuesto de la PGR; la mayoría se orienta a la lucha frontal contra la delincuencia organizada y a la capacitación de policías''.