Ofrece atender toda recomendación al Consejo de Derechos Humanos, que presidirá
Persiste la tortura en México, admite el gobierno foxista ante Naciones Unidas
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La impunidad es muy alta en México, acepta el gobierno. En la imagen, del pasado 4 de mayo, represión en Atenco, cuyos responsables no han sido castigados
Foto: Jesús Villaseca
En su solicitud para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de México -electo para presidir ese organismo recién creado, que iniciará operaciones el 15 de junio- se comprometió a atender todas las recomendaciones enviadas derivadas de la revisión periódica universal que se haga.
En la carta de contribuciones y promesas presentada ante Naciones Unidas, reconoció también que no obstante los "avances" registrados a escala nacional durante los últimos años, aún son necesarios "muchos esfuerzos" para superar las "grandes deficiencias" que subsisten en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
Citó de manera especial algunos actos graves que persisten en la sociedad mexicana, como la tortura, las deficiencias en el sistema penitenciario, la dificultad para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos afectados por la pobreza y el gran margen de impunidad existente.
Entre los "temas pendientes" de la agenda nacional están reforzar la autonomía e independencia de las autoridades de procuración e impartición de justicia y el combate a la tortura; mejorar las condiciones del sistema penitenciario; perfeccionar los niveles de eficiencia en el sistema de seguridad pública; desarrollar medidas para garantizar a los pobres sus derechos sociales, incluido el de educación; fortalecer las acciones en materia de derechos a la población indígena, y continuar con la adaptación de las leyes a las normas internacionales.
En la misiva México se compromete a mantener la invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, implementar las recomendaciones enviadas y contribuir a la pronta consolidación del recién creado organismo, el cual sustituyó a la antigua comisión, de conformidad con la resolución 60/251 de Naciones Unidas.
Como parte de sus planteamientos, México expresó su deseo de que el nuevo consejo sea un órgano que se distinga por su trabajo transparente y eficaz, encaminado al avance efectivo de las normas internacionales de derechos humanos, proponiendo el diseño y desarrollo del mecanismo de "revisión periódica" de la situación de los derechos humanos en todos los países, sin excepción.
"Las aportaciones de México en este nuevo órgano serían positivas por el lugar prioritario que ocupan los derechos humanos en su política interna y exterior, y la experiencia adquirida, como resultado de su apertura al monitoreo y la plena cooperación con los organismos internacionales", se señala en la carta.
Hay que destacar que México, en primera instancia, fue electo junto con otras siete naciones latinoamericanas para representar a esta área geográfica, con la excepción de que el gobierno foxista anunció que no haría intercambio de votos, práctica cotidiana en elecciones como ésta, en las que un país ofrece su apoyo a determinada causa a cambio de otro cuando lo necesite.
Además, en segunda instancia, México fue electo como primer presidente del nuevo consejo, del que será miembro durante tres años.