La difícil relación entre lo posible y lo imposible
Los procesos electorales federales -como los que ya tenemos a la vista para el próximo 2 de julio, que se quiere que no generen disturbios sociales o políticos, y mucho menos ambos, que a su vez producirían problemas económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales, todos graves- tienen que estar fundados en tres instituciones: primero, un Poder Ejecutivo con la capacidad probada de hacer valer el régimen de derecho vigente, sin que se cuestione su validez bajo ninguna circunstancia; segundo, un Instituto Federal Electoral (IFE) con autoridad moral suficiente para que cualesquiera que pudieran ser los resultados, y sobre todo por pequeña que resultara la diferencia de la votación de quien fuera triunfador frente a los demás contendientes, la decisión del IFE para declarar ganadores en todos los niveles desde el del Presidente de la República hasta los diputados, senadores y presidentes municipales, genere un sólido consenso que sería inmediatamente aceptado por todos los partidos políticos, y aun por quienes se hubieran abstenido de votar.
Y tercero, también será imprescindible un Tribunal Federal Electoral, cuyas decisiones sobre los triunfos objetados, como es de esperarse, por los caminos señalados por la ley electoral en vigor, sean también universalmente aceptados por las partes en conflicto, y finalmente todos los cargos de elección popular ocupados por aquéllos a quienes correspondió el triunfo, y de esta manera las instituciones que constituyen la República, legítimamente constituidas, y la paz social imperando en todo el país, habiendo quedado consolidada la democracia, fortaleciendo las instituciones que lo integran, una vez más en la historia.
Si no fuera así, tendría que recurrirse a la última instancia que quedaría en ese caso: las fuerzas armadas, y esto significaría un grave retroceso para el país en más de un sentido, con consecuencias de alcances imprevisibles, y también de muy difícil control para que se mantuviera la paz social en el país, y no se frenara el progreso económico sin demérito de las libertades políticas y de las garantías individuales.
Por otra parte, es absolutamente indispensable mantener las relaciones internacionales sobre las mismas bases como tradicionalmente se ha logrado, no sin superar grandes dificultades y obstáculos que en ocasiones trascienden a la voluntad de mantener las relaciones bilaterales, en un marco de mutuo respeto y de sólida amistad sobre las bases de las doctrinas de Benito Juárez y de Genaro Estrada, que no son otra cosa que la vertiente exterior de la soberanía popular, que constituye la soberanía nacional. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales vigentes aprobados por el Senado de la República.
Y para que todo esto sea posible, se requiere que la atmósfera de las campañas electorales que se genere en todo el país, y en todos los ámbitos, tanto políticos como económicos y sociales, sean también de respeto a las leyes electorales y a la Constitución General de la República, y al hacerlo así también a las instituciones que son responsables ante la nación de que éstas sean una realidad, y no solamente retórica pura o, peor, letra muerta.
En esto también hay que tener presente que no es lo mismo Estado que gobierno, y que, como es natural, hay asuntos que por su naturaleza pertenecen al ámbito de uno o de otro, o quizás también, en algunos casos, a los dos: al del gobierno y al del Estado. Lo que sí es difícil que se pudiera dar en la realidad es que una candidatura, cualquiera que fuera, pudiera ser impuesta por el Estado mismo, constituido por los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, no únicamente federales, sino también estatales.
Sería más factible que se diera el caso de que pudiera intentarse concretar -en todo caso- una candidatura de gobierno, que una de Estado, lo cual sería igualmente violatorio de la Constitución y de las leyes, independientemente de que fuera factible en la realidad hacerlo, o de que no lo fuera, que en realidad es imposible que se logre dentro del marco que impone la legitimidad del contrato social creado por Juan Jacobo Rousseau.
Ya que hablamos de circunstancias modelo por estar apegadas estrictamente -en todos los casos- a la Constitución y a las leyes, habría que referirse también a la atmósfera creada por la publicidad en general, tanto por la que se busca lograr con la presencia física en los mítines, como por los discursos que allí se dicen, por el candidato mismo, y por los diversos oradores que participan en él; lo ideal sería que todos ellos se refirieran a problemas nacionales y aun internacionales, o bien de orden local o regional, según el caso, y siguiendo los lineamientos propios de cada partido político, los que idealmente también deberían de seguir los principios establecidos en proyectos de nación, de estado o del municipio. Es decir, siguiendo una mínima planeación, la que, por lo menos en grado de intención le daría congruencia y calidad, lo cual actualmente en términos generales no tienen, en vez de probar en cada ocasión la capacidad que tienen unos candidatos para injuriar o agredir verbalmente a otros y, de pasadita, a las autoridades que dentro de muy pocos días habrán de someter a prueba a su vez su capacidad para gobernar democráticamente y sin perder el rumbo del país, unos y otros, las instituciones democráticas fundamentales para consolidar en la realidad lo que se preconiza todos los días y a todas horas en todo el país en lo que a democracia se refiere. A ver si de veras se nos cumple aquello del México de mañana, mejor que el de hoy...
Difícil, por no decir imposible, ¿o no? Pero hay que recordar aquella frase de Max Weber: para alcanzar lo posible, hay que tratar de obtener lo imposible.