Viendo hacia delante: un camino democrático y progresista para México
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El IFE destruirá los sobres con los votos postales emitidos en el extranjero que sean recibidos después del plazo fijado por la ley, a las 8 horas del 1º de julio próximo FOTONotimex
Del debate constitucional deberá surgir un Poder Ejecutivo más eficiente en el cumplimiento de sus funciones, mejor coordinado con los otros poderes y más democrático en sus mecanismos de toma de decisiones, como pudiera ser un régimen presidencial en el que se mantenga el Presidente de la República como jefe del Estado y se cuente además con un jefe de Gobierno, designado con la aprobación del Congreso, responsable ante este cuerpo, al que debiera dotarse de facultades para removerlo, al igual que a los secretarios de Estado, responsable además, de coordinar al gabinete y de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que con este nuevo régimen estarían en los hechos gobernando con una coordinación realmente eficaz.
Un tema que ha sido recurrente en la discusión política desde hace tiempo es el de la relección, que en su momento tendría que discutirse a fondo, al replantearse el pacto federal y llevarse a cabo el debate constitucional. Existe ya consenso relativamente amplio en distintas corrientes del pensamiento político respecto a la conveniencia de abrir las posibilidades de relección tanto de legisladores como de autoridades municipales -y, en el caso de éstas, inclusive de considerar las posibilidades de ampliar su mandato.
No pueden, sin embargo, desestimarse los temores de algunos sectores de que se produjera una grave regresión política de llegarse a un régimen de relección absoluta, ni olvidarse de nuestras experiencias históricas. Considerando además, que si bien la reforma que permita la relección puede ser de gran importancia para elevar la calidad de la vida legislativa y para dar continuidad y eficiencia a la gestión municipal, habría que precaverse respecto a posibles pretensiones para extender esos mecanismos y posibilidades al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales en una democracia aún en consolidación como la nuestra, por lo que independientemente de que durante la próxima administración se presenten al Congreso iniciativas de reformas para permitir la relección de legisladores y de autoridades municipales, sería deseable un compromiso público y explícito de todos los candidatos presidenciales y a legisladores que tomen parte en el proceso que lleva a las elecciones del próximo 2 de julio, así como de todos los partidos políticos de que en el curso del próximo sexenio no enviarán al Congreso ninguna iniciativa que pudiera abrir la posibilidad de relección o de ampliación del mandato presidencial y, en su caso, votarán en contra o vetarán cualquier proyecto que se presentara en ese sentido.
Adoptar una nueva política económica que tenga entre sus objetivos principales generar un proceso de crecimiento económico de largo aliento y que de manera prioritaria estimule la creación de empleos formales.
Una política económica con esos objetivos centrales exige de mayores recursos para invertir en el desarrollo, por lo que parte esencial de la misma lo constituye una reforma hacendaria equitativa, eficaz, simple en sus mecanismos, que se sustente de manera importante en elevar los montos recaudados por el cobro eficiente del impuesto sobre la renta de personas físicas y en el combate a su evasión -con un potencial de incremento de la recaudación de 600 mil millones de pesos-; en suprimir regímenes preferenciales, exenciones y deducciones ahora permitidos -528 mil millones de pesos-; incorporar al padrón de contribuyentes a quienes se desempeñan en la informalidad, otorgándoles contraprestaciones en el campo de la seguridad social; establecer un IVA diferenciado: que mantenga las tasas cero para el consumo de alimentos, medicinas, publicaciones, agua potable para usos domésticos, que preserve la exención para servicios médicos, educativos, de transporte público terrestre y de vivienda, reduzca a 10 por ciento este impuesto para servicio telefónico público, vestido, calzado, electricidad para uso doméstico y otros artículos para el hogar, que lo aumente a 20 por ciento para los consumos de bebidas alcohólicas, tabaco y otros artículos de carácter suntuario -10 mil millones de pesos-; en simplificar en lo general el sistema de pago de impuestos; y en garantizar el respeto absoluto a la autonomía del Banco de México, encomendándole además del control de la inflación, tomar medidas para el fomento del crecimiento económico y del empleo.
La educación es fundamental para alcanzar la igualdad social y es, al mismo tiempo, factor decisivo del crecimiento económico.
La educación debe tener prioridad en las políticas públicas de nuestro futuro, inmediato y mediato. La educación, como respuesta de responsabilidad social del Estado a la población, debe ser accesible a todos en todos los grados, laica y gratuita. Es, en consecuencia, indispensable garantizar cobertura universal y cumplimiento de cursar los ciclos obligatorios de primaria y secundaria, elevar de manera sostenida la calidad de la educación en todos los niveles, y crear y desarrollar los mecanismos que compensen las carencias sociales y garanticen acceso y permanencia a los estudiantes en todos los grados, a condición de satisfacer los requerimientos académicos.
La prioridad que se dé a la educación debe reflejarse en el incremento de los presupuestos asignados al sector, en los apoyos y expansión de la educación superior y la investigación, en mejores instalaciones y equipamiento y en el mejoramiento material y en la preparación del magisterio.
Hacer compatible la apertura económica con la equidad, reubicando lo social dentro del espacio público al mismo tiempo que se fortalecen la democracia y sus instituciones. Esta visión, que hace unos años parecía impensable, hoy es más necesaria que nunca porque los esquemas de integración y apertura indiscriminada hasta ahora vigentes, sólo han dejado más pobreza y desigualdad en el mundo y en nuestro país.
Por eso, la mejor y la única manera de erradicar la pobreza y promover la equidad es alentando un desarrollo que incluya una mejor distribución del ingreso, empleo estable, formal y de calidad y un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país.
Por eso, la mejor y la única manera de erradicar la pobreza y promover la equidad es alentando un desarrollo que incluya una mejor distribución del ingreso, empleo estable, formal y de calidad y un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país.
La exclusión sigue siendo el signo de nuestros tiempos. La discriminación de quienes son diferentes por su género, edad, color de piel o preferencia sexual constituye una realidad cotidiana. Esas disparidades sociales son resultado del acceso desigual a los recursos, de la puesta en marcha solamente de políticas asistencialistas y focalizadas, y de la exclusión de las mayorías de la toma de decisiones. Los apoyos gubernamentales han sido vistos desde los medios oficiales como prebendas y, en muchos casos, se prestan al control y manejo corporativo desde el momento mismo en que existe una selección y se tiene que comprobar que se cumplen determinados requisitos para acceder a ellos. Una estrategia realmente democrática de desarrollo social significa poner en práctica un enfoque totalmente diferente y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y sobre todo la vigencia de su carácter universal.
No basta, por tanto, con supuestamente invertir en capital humano como se hace hasta ahora con programas como el denominado Oportunidades. Es necesario generar un modelo productivo, con seguridad social y redes de protección comunitarias, en las que todos se sientan y estén efectivamente incluidos, por la sencilla razón de que tienen acceso al ejercicio irrestricto de todos sus derechos.