Usted está aquí: miércoles 31 de mayo de 2006 Mundo Lealtad, subordinación y disciplina, exige jefe del ejército a subordinados

Abandonar las filas, pide el militar argentino a golpistas

Lealtad, subordinación y disciplina, exige jefe del ejército a subordinados

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de mayo. El jefe del ejército argentino, Roberto Bendini, advirtió este martes a sus subordinados que deben abandonar la fuerza quienes no estén dispuestos a respetar los principios de "lealtad, subordinación y disciplina".

El presidente Néstor Kichner respondió ayer a algunas amenazas de sectores militares en los últimos días, al señalar que "como presidente de la nación no tengo miedo ni les tengo miedo", y destacar la necesidad de unas "fuerzas armadas prestigiadas".

Kichner condenó los hechos que ocurrieron en los últimos tiempos y "que no colaboran en la construcción de ese prestigio", entre estos el acto del 24 de marzo o el espionaje militar contra civiles -incluyendo el propio presidente- que se descubrió en la base naval Almirante Zar, pero también dijo un "nunca más" al accionar del ejército en el terrorismo de Estado.

A medida que pasan las horas también se van conociendo antecedentes de protagonistas de la protesta militar, entre ellos el capitán retirado Walter Jorge Grose, ex jefe de inteligencia del área de seguridad de la guarnición de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, que dirigió el centro clandestino de detención Monte Peloni.

Bajo el seudónimo de Vikingo, el teniente coronel Grose fue reconocido por sus víctimas y está acusado de secuestros y tortura de personas, entre ellas varios desaparecidos en el lugar, y también de la muerte y desaparición de soldados del servicio militar obligatorio bajo su mando.

Su nombre está en numerosos expedientes policiales, en los importante archivos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y también en las listas de la comisión que investigó -al terminar la dictadura- las desapariciones.

Por estos días Grose y militares que lograron burlar la justicia al ampararse en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de 1986-1987, se sienten amenazados de juicios después de la anulación de éstas, lo que llevó años de lucha y se concretó recientemente bajo el gobierno de Kirchner.

Sin embargo, pocas veces se había notado tan fuertemente la acción de una mujer como Cecilia Pando, quien también fue protagonista de actos contra el presidente.

Esposa del militar Rafael Mercado, retirado por convalidar este tipo de acciones, Pando trabaja con una diputada del Partido Unidad Federalista, que lidera el ex comisario Luis Patti, acusado de graves violaciones durante la pasada dictadura.

Patti fue impedido de asumir su banca de diputado electo, lo que sentó un nuevo precedente de la mayoría encabezada por el legislador y escritor Miguel Bonasso.

Pando tiene detrás una figura impulsora, el teniente coronel retirado Héctor Mario Schwab, investigado por la justicia por su intervención directa en secuestros extorsivos y con pedido de captura internacional del juez español Baltasar Garzón.

Schwab fue hombre del ex general Domingo Antonio Bussi, uno de los mayores responsables de crímenes y desapariciones cometidos en la pasada dictadura.

Las reacciones cada vez más agresivas de los ex militares y algunos sectores en actividad se exacerbaron a medida que van a ser citados, al acabarse la impunidad con la anulación de las leyes que los protegían. Como muchos otros, Schwab se había reciclado en empresario, pero no de cualquier empresa sino de una de seguridad e investigaciones privadas (Scaner S. A).

Ahora también es enjuiciado por extorsión y amenazas, después que en 2001 -contratado por la empresa de celulares Movicom- se dedicó a aterrorizar a trabajadores que tenían problemas con la compañía.

Otras reacciones proceden de la decisión tomada en abril pasado por el gobierno de asumir el control de las tareas de inteligencia, después del descubrimiento de espionaje militar a civiles en la base naval Almirante Zar en Trelew, sur del país.

Hay cambios muy importantes en la resolución firmada el 19 de abril por la ministra de Defensa, Nilda Garré, con el control y verificación de todo lo actuado en el área y fijar que será misión del sistema de inteligencia asistir al ministerio, que además podrá redireccionar sus objetivos.

Aunque una ley de seguridad interior sancionada al arribar la democracia, prohibía a los militares hacer tareas de inteligencia interna, el espionaje seguía funcionando, como se demostró en Almirante Zar.

Como el presidente, el jefe del ejército advirtió hoy que "las armas nunca serán empuñadas en la lucha fratricida contra nuestros hermanos", en tanto que Garré anunció el inicio de un sumario interno que prevé sanciones a otros militares que dieron la espalda a Kirchner durante su discurso en el Colegio Militar, que incluiría al propio director de ese instituto.

Por último, en un salón del Congreso de la Nación funcionó hoy por primera vez a escala internacional la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, para tomar testimonio a víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) que viven aquí y también a familiares de las víctimas de la Operación Cóndor, el pacto criminal de las ex dictaduras del Cono Sur.

 
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