Editorial
Chile: reflejos de un gobierno democrático
El movimiento estudiantil chileno, que se articuló a principios del mes pasado en torno de dos demandas iniciales transporte público gratuito para los escolares y exámenes de admisión sin costo para ingresar a la enseñanza universitaria, parece haber logrado, después de enfrentarse a lamentables episodios de brutalidad represiva por parte de la corporación de Carabineros, despertar los reflejos democráticos del gobierno de Michelle Bachelet, el cual había venido actuando de manera autoritaria ante el conflicto: la semana pasada la mandataria habló de "aplicar todo el rigor de la ley" a los manifestantes, pero ayer admitió que las demandas estudiantiles son "legítimas" y reaccionó con indignación ante los atropellos cometidos la víspera por las fuerzas policiales contra los jóvenes y contra periodistas. La Moneda destituyó al prefecto de las Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara, y al subprefecto, comandante Gustavo Seeicz. La corporación anunció, además, el inicio de investigaciones contra los elementos responsables no sólo de las golpizas que han podido verse en las fotos de los medios impresos y en las tomas televisivas de los noticiarios, sino también, de acuerdo con diversos testimonios, de abusos sexuales y otros tratos vejatorios en un cuartel de Puente Alto. Por otra parte, el gobierno y los inconformes se pusieron de acuerdo para iniciar, hoy, un proceso de diálogo para poner fin al conflicto y para avanzar en la reforma de la educación secundaria.
Pese a sus extravíos iniciales en el manejo de la situación, el Ejecutivo chileno está dando, de esta manera, una muestra de civismo, voluntad y sensibilidad política, que contrasta inevitablemente con la vergonzosa actitud de las autoridades mexicanas la federal y la mexiquense ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en Texcoco y Atenco: a casi un mes de ocurrida la confrontación en la primera localidad y la cruenta toma de la segunda por fuerzas policiales combinadas del estado y de la Federación, el gobierno foxista y la administración de Enrique Peña Nieto parecen seguir empeñados en encubrir los intolerables atropellos perpetrados contra los pobladores y contra personas ajenas a la localidad que asistían a presenciar y a documentar los hechos, entre ellas la cineasta chilena Valeria Palma.
Por lo que hace al movimiento estudiantil del país austral, es significativo que, a un mes de su surgimiento, se haya extendido, haya incorporado a maestros y a colegios privados, y haya llevado sus reivindicaciones, más allá de los apoyos económicos, a una reforma educativa y a una educación secundaria plenamente gratuita. Las manifestaciones de los jóvenes de secundaria han dejado al descubierto parte de la enorme deuda social de un modelo económico que suele ser citado como paradigma de lo exitoso y de lo rentable, pero que tiene en ruinas a la educación pública y es incapaz de ofrecer a las nuevas generaciones aulas y condiciones de estudio mínimamente dignas, y no se diga una perspectiva de futuro.
En varios sentidos, el descontento de los jóvenes chilenos ha trascendido el ámbito de la educación y ha abierto un margen propicio para que la aún precaria institucionalidad civil del país andino avance en la recuperación de atribuciones secuestradas por el poder militar desde tiempos de la dictadura pinochetista. Hoy en Chile vuelve a la mesa de debates la necesidad de colocar a la corporación de Carabineros, que permanece bajo el mando castrense, en el ámbito del Ministerio del Interior. Tal vez los muchachos golpeados, maltratados y vejados por el poder del Estado consigan poner al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ante el espejo de su propio origen.