El procurador mexiquense minimiza agresiones a mujeres: "son violaciones impropias"
¿Quién dijo que sólo 8 policías se excedieron en Atenco? Son un montón: Abel Villicaña
Toluca, Mex., 31 de mayo. Para comprobar la existencia de los abusos sexuales de los cuales presuntamente fueron objeto 23 de las 44 mujeres detenidas en Atenco a principios de mayo no son necesarios exámenes ginecológicos, ya que se trata de violaciones impropias, y basta con el reconocimiento de los victimarios y pruebas sicológicas, afirmó ayer el procurador del estado Abel Villicaña Estrada.
Comentó, no obstante, que no se ha acreditado la comisión de delitos sexuales en los operativos efectuados el 3 y 4 de mayo, aunque se tienen indicios de que sí hubo ultrajes durante el traslado de los detenidos. "Por eso es fundamental el reconocimiento de los presuntos responsables de las violaciones de parte de las mujeres ofendidas".
Tras acudir al informe del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el procurador indicó que las mujeres afectadas no han ratificado la denuncia que inició el Ministerio Público de oficio, derivado del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acreditó 23 violaciones sexuales en agravio de las detenidas.
"Es muy difícil de probar (los delitos sexuales). Las mujeres hablan de que les cubrieron la cabeza con su propia ropa, les hemos mostrado los álbumes fotográficos y dicen 'no podemos identificarlos porque no les vimos la cara', salvo dos que dicen que sí vieron algunas características especiales", agregó.
Villicaña Estrada explicó que las violaciones genéricas requieren de exámenes médicos; sin embargo, la violación impropia no lo requiere, como lo es el caso de las mujeres de Atenco.
Han pasado 24 días de los presuntos abusos sexuales, por lo que las pruebas ginecológicas no procederían, dijo, pero puntualizó que se trató de violaciones impropias, por no existir una penetración vía vaginal.
El procurador dijo que se han tomado declaraciones a 44 agentes que participaron en los traslados de detenidos de Atenco al penal de Santiaguito, y todos han negado las imputaciones.
Indicó que en la indagatoria abierta por las golpizas a los detenidos durante las detenciones, reveló que 40 policías podrían estar involucrados en un presunto abuso de autoridad, y no sólo ocho, como lo informó el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid.
En la legislación estatal, el abuso de autoridad no es considerado un delito grave, por lo que los inculpados podrían obtener su libertad bajo fianza en caso de consignar la causa ante un juez.
-El comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo, dijo que sólo a ocho se les ha probado que cometieron excesos durante los operativos.
-No, son un montón, ¿quién dijo que ocho? Nosotros vamos a interrogar a todos los que aparecen en los videos golpeando a los ciudadanos.
Sobre el homicidio del menor Javier Cortés Santiago, el procurador señaló que se han tomado declaraciones al padre, al tío y un amigo (testigo) de la víctima, sin que se haya establecido si el responsable del crimen fue un policía o un civil.
En tanto, abogados de al menos un centenar de procesados por los hechos de Texcoco y Atenco han promovido amparos ante juzgados de distrito contra los autos de formal prisión dictados por el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, al considerar que no existen elementos para someter a sus defendidos a juicio por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación.
Juan de Dios Hernández y Pedro Raúl González, abogados de la mayoría de los detenidos, afirmaron que ya promovieron dos juicios de amparo que abarcan a 95 personas de los 175 sujetos a proceso.
Aunque en un principio los recursos no fueron admitidos por los juzgados, esta semana ya fueron radicados por los jueces e inclusive ya se emitieron las fechas en las que se habrán de desahogar las audiencias constitucionales.
Este recurso fue radicado en el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en Toluca, donde el pasado lunes se acreditó la personalidad jurídica para representar a cada una de las 95 personas.
"Reclamamos que fueron ilegales las detenciones de las personas, porque no hubo ni orden de aprehensión ni flagrancia. Por otro lado, no están individualizadas las conductas del Ministerio Público, hay acusaciones in genere, y en materia penal debe haber imputaciones directas contra cada persona, que en este caso no ocurre", explicó Juan de Dios Hernández.
A su consideración, el auto de formal prisión dictado el pasado 10 de mayo en contra de sus compañeros detenidos es infundado, porque "es público y notorio que son víctimas de un operativo de Estado, y que se violaron todas las normas procedimentales, tanto en la averiguación previa como en etapa de preinstrucción del proceso, que van en perjuicio de las garantías individuales de las personas".
Todo esto debe ser analizado por el juez, dijo el defensor, para que conceda la protección y el amparo de la justicia federal.
Otros abogados que han promovido amparos son Bárbara Zamora, quien representa a 12 detenidos, y Julio Durán, quien defiende a tres más, y todos los recursos se fundamentan en que en la averiguación previa no existen imputaciones directas contra los ahora procesados, por lo que no hay motivo para un auto de formal prisión.
Bárbara Zamora también ha presentado un amparo en favor de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y sus compañeros, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, a quienes recluyeron en el penal de máxima seguridad de La Palma.