Se desmorona acusación de lavado de dinero

La Procuraduría General de la República (PGR) analiza dejar en libertad a Gregorio Romo Pérez, único arraigado de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la pesquisa abierta sobre posible lavado de dinero contra el depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

Fuentes gubernamentales revelaron que el órgano que dirige José Luis Santiago Vasconcelos aún no ha encontrado elementos para inculpar por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al que supuestamente fuera mensajero de Gómez Urrutia, y que de acuerdo con la indagatoria recibió un pagó de Elías Morales -quien fue reconocido como dirigente del sindicato minero por la Secretaría del Trabajo- para acudir ante el Ministerio Público Federal y declarar contra su ex jefe. De acuerdo con las versiones obtenidas, Gregorio Romo Pérez acudió inicialmente ante la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, y en ese órgano de la PGR, lo que al no poder mantenerlo detenido para investigar sus declaraciones y vínculos con Gómez Urrutia, dio intercención a la SIEDO, la cual obtuvo inicialmente un arraigo en su contra por 60 días, plazo que fue ampliado por 30 días más a principios de mayo.

Sin embargo, todos los datos y supuestos indicios que aportó resultaron falsos y no se pudo acreditar ni siquiera que en alguna de las propiedades de Napoleón Gómez Urrutia se hubiera guardado información secreta de las cuentas del sindicato minero.

Por ello, la averiguación previa con la cual se pretende acusar a Gómez Urrutia del delito de lavado de dinero se sustenta, hasta el momento, sólo en una querella que presentó en los primeros días de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gustavo Castillo Garcia