Editorial

La inestabilidad, marca de este fin de sexenio

En el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco detenidos en los penales de Santiaguito y La Palma, los gobiernos federal y del estado de México han recurrido a una peligrosa e irresponsable estrategia basada en la sordera que sólo puede agravar la situación. Ningún funcionario ha dado la cara por las numerosas irregularidades y violaciones a los derechos humanos en el arresto, traslado y encarcelamiento de estas personas, y las autoridades han optado por no atender los reclamos de las organizaciones internacionales de defensa de las garantías individuales; en el mejor de los casos, las remiten a funcionarios de segundo nivel, sin ninguna capacidad de decisión, lo que demuestra la intención de ambos gobiernos de lavarse las manos sobre los abusos policiacos registrados en ese municipio mexiquense a principios del mes de mayo.

De acuerdo con los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos ­quienes apenas recibieron ayer jueves la autorización para visitar a los 28 presos en Santiaguito­, los informes médicos realizados a los detenidos en dicho penal no incluyen datos sobre el estado físico en que fueron ingresados, ya que sospechosamente sólo contienen anotaciones a partir del 24 de mayo ­20 días después de los hechos­, con el pretexto de que el personal sanitario se vio rebasado por la gran cantidad de arrestados (211). Sin embargo, parecería que esta omisión pretende más que nada dejar fuera de los registros oficiales las pruebas sobre las golpizas y otras agresiones de las que fueron objeto los habitantes de Atenco.

Por otra parte, la comisión denunció las dificultades y obstáculos que ha encontrado para entrevistarse con funcionarios federales y estatales. En ese contexto, el organismo emitió el jueves un boletín informativo en el cual acusó a funcionarios del gobernador Enrique Peña Nieto de minimizar los abusos policiacos y de eludir "cualquier responsabilidad penal o política sobre los mismos". Incluso en su audiencia con el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez, éste negó que la policía municipal portara armas durante el operativo, lo que ha sido desmentido por testimonios e imágenes de televisión. Asimismo, la comisión señaló las contradicciones sobre los abusos sexuales contra mujeres entre los resultados de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los testimonios de las detenidas: "Es de suma gravedad que haya una contradicción prácticamente total entre las versiones de las mujeres agredidas y la de la CNDH".

Además, el director de Readaptación Social del estado de México, Alejandro Carmona Prantl, negó que los 28 detenidos se encuentren en huelga de hambre en protesta por las irregularidades durante su arresto, irregularidades que dicho sea de paso deberían determinar su liberación inmediata, al menos en un verdadero estado de derecho, tal y como ha declarado Pedro Suárez Treviño, abogado de la mayoría de los arrestados en Santiaguito.

Estos factores dejan entrever que ninguna autoridad quiere asumir la responsabilidad de los sucesos en Atenco ni de la huelga de hambre de los presos ­que es auténtica­ para no tener que pagar los altos costos políticos en un escándalo que ha alcanzado niveles internacionales. Peor aún, esta postura de negación parece haberse extendido a todo el ámbito nacional, por lo que el clima de violencia e intolerancia es más grave que nunca, con fuertes dosis de inestabilidad social e ingobernabilidad, como lo evidencia el conflicto entre autoridades y miles de maestros en paro en el estado de Oaxaca: el gobernador Ulises Ruiz ha rechazado dialogar y negociar con los profesores, quienes han tomado el centro de la ciudad, en tanto el Congreso estatal ha solicitado la presencia de los cuerpos de seguridad federales para desalojar a los inconformes y la Policía Federal Preventiva se prepara para intervenir en la entidad. Todo ello se traduce en un aumento de la tensión, no sólo en esta entidad sino en todo el territorio nacional, una situación inaceptable a un mes de las elecciones presidenciales.