Repartirá propiedades "ociosas" de Bolivia en poder de grandes empresarios, anuncia

Evo Morales inicia la reforma agraria con tierras del Estado

La meta, entregar 20 millones de hectáreas a indígenas y campesinos, "sus verdaderos dueños"

AFP, REUTERS Y DPA

La Paz, 3 de junio. El presidente boliviano, Evo Morales, puso hoy en marcha la reforma agraria en la región tropical de Santa Cruz, base de los poderosos empresarios opositores, con el inicio masivo del reparto de tierras del Estado entre campesinos pobres y con miras a distribuir unos 20 millones de hectáreas durante su mandato.

"Estamos haciendo historia tras historia, cambiando en democracia la situación del país", afirmó el gobernante del Movimiento al Socialismo en una multitudinaria concentración en el pujante departamento de Santa Cruz, tras emitir siete "decretos supremos" que regulan "el ordenamiento y distribución de tierras fiscales".

En ese acto, Morales entregó copias de los decretos y títulos de propiedad agrarios a varias familias. Esta entrega no significa ningún avasallamiento, "sino la recuperación" del territorio por sus verdaderos dueños, aseguró tras el rompimiento del diálogo sostenido el viernes con los agricultores de la zona.

Morales entregó este sábado títulos de propiedad de terrenos fiscales a campesinos pobres del oriente de Bolivia, donde pretende repartir unos 2.5 millones de hectáreas en Santa Cruz, Beni y Pando, cuya región concentra el potencial agropecuario del país andino y donde están afincados los mayores empresarios del campo del país.

"Nos han avasallado por más de 500 años y ahora las tierras vuelven a sus dueños originales", agregó el gobernante, quien señaló que la titulación se realiza en "un momento histórico" para Bolivia, y aseguró que es otra muestra de que su gobierno sabe cumplir sus promesas electorales luego de su ascenso al poder, hace cuatro meses.

Oposición empresarial

La primera de estas entregas se cumplió pese a la oposición de los empresarios agropecuarios, que el viernes rompieron el diálogo con el gobierno en la ciudad de Cochabamba y amenazaron con radicalizar los recursos judiciales para inviabilizar la medida.

Por conducto de la Confederación Agraria Nacional, los empresarios anunciaron la posibilidad de "reactivar comités de autodefensa" de sus tierras, que de antemano el gobierno advirtió que serían ilegales y tendrían un carácter "delincuencial".

Este sector pidió también seguridad jurídica para la propiedad productiva, y ampliar el plazo para la ejecución del saneamiento de la propiedad rural, con el fin de identificar "de manera transparente" tierras fiscales para su posterior distribución.

La revolución agraria del gobierno "viola la Constitución política del Estado y los derechos elementales de los propietarios agrícolas", declaró el líder de los empresarios agrícolas de Santa Cruz, José Céspedes. Además acusó al gobierno de buscar votos para la próxima elección de la Asamblea Constituyente, prevista para julio.

El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, expresó que el gobierno está dispuesto a seguir dialogando sobre diversos aspectos de la nueva política agraria, pero advirtió que no retrocederá en su decisión de distribuir tierras entre campesinos e indígenas.

En su discurso, Morales afirmó que con la entrega de títulos se inicia una "verdadera revolución agraria", diferente a la reforma que instrumentó en 1952 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, uno de los partidos políticos más tradicionales del país.

"La revolución garantizará que en el país no haya minifundio y no será una simple distribución de tierras", aseguró. Luego agregó que esta medida se inicia con la distribución de las tierras fiscales y luego continuará con "la reversión de tierras ociosas que están en poder de los grandes empresarios".

En la reunión de la víspera con los empresarios agrícolas la administración de Morales se mostró inflexible en su determinación de iniciar el proceso de dotación
de tierras a quienes no tienen, a partir de este sábado, en un país en el que los privados controlan 95 por ciento de la tierra sobre la que existen títulos de propiedad.

El presidente se propone distribuir hasta el final de su mandato, en 2011, alrededor de 20 millones de hectáreas, la mitad de la tierra posible de asignación o reversión (cambio de propietario). De aquella cantidad, 75 por ciento se encuentra en manos de latifundistas y especuladores, según datos oficiales.

"Se abrieron los candados que han estado cerrados por siglos para los pueblos indígenas y originarios", sentenció de su lado Wilson Changary, presidente de la Asamblea de los Pueblos Chiquitanos, que serán los más favorecidos con la entrega de las tierras fiscales.

Afirmó que los campesinos "van a defender los recursos naturales, la tierra y el territorio", después de años de postergación para convertir a Bolivia en una nación "plurinacional y soberana plenamente".

Morales, quien apenas hace un mes nacionalizó los hidrocarburos, afirmó que "no hay subordinación" a Cuba o Venezuela, "sino acuerdos comerciales y de cooperación", en respuesta a las federaciones empresariales, que lo acusaron de encaminar al país en dirección equivocada por su estrecha relación con esos países.

"¿Cuándo estas organizaciones empresariales levantaron la voz frente a embajadores imperiales que actuaban como virreyes, socavando la soberanía de los bolivianos?", cuestionó el presidente, en alusión a Estados Unidos, en un manifiesto político en la prensa.

Por el contrario, Morales acusó a la "cúpula de las federaciones de empresarios privados" de defender "un modelo arcaico, antinacional y derrotado por el pueblo boliviano", al responder a los empresarios que consideraron que Bolivia puede verse socavada por intereses políticos e ideológicos "dependientes".

En tanto, en Río de Janeiro se informó que la compañía estatal brasileña Petrobras podría devolver a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) las dos refinerías de petróleo que controla en Bolivia, alegando no tener interés en ser un socio minoritario de YPFB tras la nacionalización de los energéticos.