Los abusos policiacos deben ser castigados antes de que termine esta administración
AI y el Centro Pro llaman a impedir que triunfe la impunidad en Atenco
Al lamentar la muerte de Alexis Benhumea, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, quien sufrió graves heridas en el enfrentamiento en San Salvador Atenco, Liliana Velázquez Ramírez, presidenta de Amnistía Internacional (AI) sección México, y el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria sostuvieron que es primordial que pronto se esclarezca lo ocurrido en esa localidad y se castigue a los culpables, a fin de que no triunfe, una vez más, la "impunidad".
En entrevistas por separado, otorgadas durante el foro Por una libre expresión sin cortapisas ni privilegios, ambos activistas reiteraron que en el operativo policiaco desplegado hubo "graves violaciones a los derechos humanos" que deben ser castigadas antes de que acabe esta administración federal.
Miguel Concha sostuvo que es "una obligación moral, política y legal" de los gobiernos federal y estatal aclarar los hechos, los cuales calificó como "muy ominosos, preocupantes y que han lesionado gravemente a un sector importante de la población".
En tanto, Velázquez Ramírez informó que hoy una delegación de investigadores de AI, provenientes de Londres, Inglaterra, "se entrevistarán con autoridades del estado de México y probablemente, también lo harán con algunos de los detenidos", con el propósito de elaborar un estudio de la situación, y hacer un llamado a los gobiernos local y federal a respetar los derechos humanos y a ejercer la justicia en contra de los transgresores de éstos.
Afirmó que "se hizo evidente el uso desmedido de la fuerza", así como que "las autoridades no asumen esa responsabilidad como un hecho ni menos sus consecuencias y la obligación de llevar a los responsables ante las instancias correspondientes".
De no hacerse lo anterior -aseveró- lo único que se hace es "fomentar la impunidad, la cual en este país es una situación alarmante; mientras no haya una solución de casos como éste o el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ni se castiguen los crímenes del pasado (de 1968 y 1971) la impunidad seguirá reinando".
El padre Concha, quien remarcó que el deceso de Benhumea agrega más culpa, destacó que no existe duda alguna para las organizaciones de defensa de derechos humanos que los cuerpos policiacos incurrieron en "graves violaciones" a las garantías individuales, pues hubo "detenciones arbitrarias, allanamientos sin órdenes judiciales, violación de mujeres -la CNDH habla de 27-, tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Por lo anterior, y porque la tortura debe ser perseguida de oficio, por ser un delito de lesa humanidad, sostuvo que ambos gobiernos están obligados a sancionar a los culpables y a intentar resarcir el daño.