La ASF detectó irregularidades fiscales en la primera
Hubo nexos entre ISOSA e Hildebrando SA de CV
La empresa de Zavala proporcionó servicios de software
La red de negocios de Hildebrando SA de CV, sociedad encabezada por Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, alcanzó a la controvertida compañía Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), la cual también contrató sus servicios de software.
ISOSA, empresa constituida en junio de 1993 con la participación del entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, fue creada al amparo del fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8, abierto en Nacional Financiera (Nafin).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en los ejercios 2001, 2002 y 2003, Integradora de Servicios Operativos participó en irregularidades fiscales que impidieron que más de 9 mil 264 millones de pesos del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) ingresaran a las "arcas nacionales", porque no fueron enterados a la Tesorería de la Federación.
ISOSA es una empresa dedicada al procesamiento electrónico de datos, equipos, soporte técnico, sistemas de apoyo y control de despacho aduanero. En su Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2001, presentado en 2002, la ASF apuntó: ''La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria vienen utilizando un mecanismo para la administración de los Derechos de Trámite Aduanero; a través de la utilización de un fideicomiso permite que los recursos captados por el DTA sean canalizados directamente a éste y sean pagados a las empresas que prestan los servicios, sin ingresarlos a la Tesorería de la Federación".
En el informe correspondiente a 2002, la ASF afirmó que los Derechos de Trámite Aduanero son ingresos públicos que forman parte de la recaudación, y que ese año ascendieron a 2 mil 806.2 millones de pesos, de los cuales se enteraron sólo 803.8 millones a la Tesorería.
Adicionalmente informó que Nacional Financiera se negó a proporcionar la información sobre el fideicomiso Aduanas 1, con el argumento de que se violaría el secreto fiduciario. Pero tampoco el Servicio de Administración Tributaria ni la Secretaría de Hacienda proporcionaron informes, porque ISOSA, manifestaron, es una empresa privada, aun cuando Nafin posee 99 por ciento de sus acciones.
En el reporte sobre las auditorías de regularidad practicadas a la Cuenta Pública 2003 por la ASF, el organismo encontró que ese año "se omitió el entero a la Tesorería de la Federación de 2 mil 585 millones 973 mil 700 pesos de ingresos generados por el DTA, habiéndose destinado al Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8, para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero". La Auditoría Superior de la Federación reportó que "el SAT no proporcionó a la ASF la información del Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8 y de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV, argumentando que el Servicio de Administración Tributaria participó en la constitución del fideicomiso en su carácter de gestor de negocios, por lo que está legalmente imposibilitado para proporcionar información".
La ASF emitió una opinión al respecto: "Sin embargo, se considera que la negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
En su informe, la Auditoría Superior de la Federación menciona que ISOSA "tampoco proporcionó la información solicitada, manifestando que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados".
Tales son las características de ISOSA, la empresa que contrató los servicios de la compañía de sistemas de cómputo de Hildebrando SA de CV, encabezada por Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón.
De la revisión realizada por la ASF, sobre la recaudación de ingresos por Derechos de Trámite Aduanero, el organismo informó: "Se formularon ocho observaciones que podrían generar 12 acciones promovidas, las cuales no se emiten en atención a la suspensión concedida por la Suprema Corte, derivada de la controversia constitucional que, en la materia, interpuso el Ejecutivo federal".
No olvidó recordar "que se encuentran pendientes de solventar observaciones por 4 mil 676.2 millones de pesos de la Cuenta Pública 2001 y 2 mil 2.5 millones de pesos de la Cuenta Pública 2002, por no haber sido enterados a la Tesorería de la Federación, hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional interpuesta en esta materia por la Secretaría de Hacienda, en representación del Ejecutivo federal".