Lo realizará un comité, con asesoría de la ONU: Encinas
En marcha, diagnóstico sobre los derechos humanos en el DF
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El jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, a su salida de la ceremonia por el 30 aniversario de la Federación Latinoamericana de Periodistas, realizada ayer en el templo de Corpus Christi
Foto: José Carlo González
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, anunció la instalación de un comité interinstitucional para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, que se realizará con la asistencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mandatario capitalino explicó que en la reunión que sostuvo ayer con el representante en México del organismo internacional, Amerigo Incalcaterra, se acordó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal asuma la secretaría técnica de dicho comité, al que espera que se sumen representantes de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Superior de Justicia del DF, así como de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos.
"Esperamos que en los próximos cinco meses se elabore este diagnóstico, antes de la conclusión de esta administración, y que ahí se definan de manera puntual las líneas a seguir; algunas implicarían reformas de carácter legislativo, y otras de carácter institucional", señaló.
El diagnóstico se realizará en el contexto del acuerdo que el gobierno federal suscribió con el Alto Comisionado el año pasado, y que actualmente se realiza en los estados de Oaxaca, Nuevo León y San Luis Potosí.
Encinas no descartó que algunas iniciativas de ley o reformas y adiciones a las que están vigentes, que surjan de este diagnóstico, puedan concretarse en su gestión, toda vez que la siguiente legislatura de la ALDF iniciará su primer periodo ordinario de sesiones antes de que concluya la actual administración.
Incalcaterra explicó al mandatario capitalino que el organismo que representa cuenta con una metodología que establece un plazo de cinco meses para contar con una base de identificación de la problemática, "con ciertas recomendaciones para que las autoridades puedan implementar respuestas muy puntuales para atender dichos requerimientos".