Estrategia energética: dos medidas esenciales
Cierto. No hay que tener ninguna duda. En materia energética las cosas pueden y deben ser distintas. Muy distintas. Para ello nos urgen dos medidas esenciales. La primera, mantener el orden constitucional y terminar con la simulación que ha permitido ingresar al capital privado a algunos de los constitucionalmente llamados sectores estratégicos: petróleo y electricidad.
Este delicado asunto tiene que resolverse. Es de principios. El Congreso debe abordarlo y pronunciarse, so riesgo de seguir en un camino de corrupción interminable. Y es que no se puede seguir ocultando que tanto en la deteriorada industria petrolera -a pesar de sus casi 200 mil millones de dólares de renta proporcionada en este sexenio- como en la industria eléctrica -la de más de 20 mil millones de dólares de "renta eléctrica" también en este sexenio- el capital privado ingrese contraviniendo los artículos 27 y 28 de la Constitución.
A este respecto, por cierto, sigue ahí la observación de la Suprema Corte de Justicia en torno a la constitucionalidad de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992. Y también sobre esto sorprende el silencio que guarda hoy Calderón cuando, siendo secretario de Energía (curiosamente él dice "en mi mandato en la Secretaría de Energía") no sólo connivió con esta irregularidad, asunto de suyo grave, sino que la alentó. Pero lo cierto es que nuestro desarrollo energético -esencial para nuestro desenvolvimiento económico futuro- no podrá seguir sin que se mantenga o, en su caso, se cambie radicalmente el orden constitucional. Este asunto -de la mayor preocupación y extremadamente delicado- requiere consensos para rectificar o ratificar -como muchos esperamos- el mandato actual. No es suficiente -de veras que no- decir que Pemex y CFE no se privatizan. Así lo dijo y lo dice el presidente Fox. Y, sin embargo, su política energética ha resultado un absoluto fracaso. Más allá de algunos aciertos parciales, logrados por una coyuntura petrolera internacional muy pero muy favorable, aunque profundamente controvertida.
También, por cierto, así lo ha dicho López Obrador. No es suficiente este pronunciamiento, por más que venga acompañado de la promesa de bajar los precios de los energéticos (asunto realmente viable con incrementos de la productividad y disminución de costos) y de instalar tres refinerías (aunque antes habría que terminar la configuración de las actuales). No lo es.
Si este delicado asunto de mantener el orden constitucional no se enfrenta de frente -como se escucha decir coloquialmente- nuestro deterioro energético será creciente. Está en juego un aspecto esencial de nuestra seguridad nacional, el de nuestra seguridad energética. ¿Qué significa esto? Algo muy simple: la posibilidad de disponer de energía para nuestra vida cotidiana. Pero energía de calidad a los menores precios posibles. Y aquí ni la simplificación pragmática ni la demagogia recursiva ni la improvisación tienen cabida. Y no es cierto que no haya de otra, que "meter bajo calzador" al capital privado, ya no sólo en la generación de electricidad o en la explotación del gas no asociado. Ni siquiera en la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros en aguas profundas.
Su obsesión privatizadora (la llaman reforma energética) les impide ser creativos para trazar renovadas estrategias dentro del marco constitucional. Pero lo que sí es cierto es que -aquí el segundo punto fundamental- a falta de una reforma fiscal cuidadosa y seria, la renta petrolera seguirá siendo el recurso más fácil de obtener para cualquier gobierno incapaz de lograr consensos en torno a un cambio fiscal de fondo. Que para ser serio y profundo deberá ser gradual. Sí, la segunda medida para cambiar de fondo las cosas es impulsar una reforma fiscal que libere la renta petrolera de su sojuzgamiento hacendario, en bien -sí, por paradójico que parezca- de nuestra industria petrolera. Me podrán decir -con razón- que la reciente reforma de la Ley de Derechos es un primer paso. Sí, pero insuficiente. No basta garantizarle a Pemex "un poquito más de dinero". La nación le debe a los nobles yacimientos su recuperación productiva. Y a Pemex le debe su fortalecimiento técnico pero también gerencial.
Quienes conocen bien Pemex aseguran que hace falta mucho oficio gerencial. Oficio que exige más -mucho más- que las demagógicas certificaciones de calidad impuestas desde la oficina de innovación gubernamental de la Presidencia de la República, tan plagadas de mentiras y de demagogia. Sólo entonces -con el mantenimiento del orden constitucional y el establecimiento de una reforma fiscal de fondo que le dé su adecuado papel a la renta petrolera- podrán sentarse las bases firmes para abrir una nueva fase de nuestro desarrollo energético. Con una visión a 10, 15, 20 y 25 años, que en este terreno no son nada. Nada. Y sobre estas nuevas bases resolver -con astucia y prudencia- otros asuntos pendientes: recuperación de reservas; autosuficiencia de gas natural; ampliación de la capacidad de refinación; expansión eléctrica con participación creciente de fuentes renovables; productividad y calidad de combustibles y electricidad crecientes; precios vinculados con un esfuerzo fundamental de incremento de productividad y baja de costos; definición justa y rigurosa de subsidios; control de contaminación y deterioro ambiental. Y tantos otros que sólo podrán resolverse en serio si damos esos dos pasos esenciales.
NB. Mi solidaridad plena con la familia de Alexis Benhumea, con sus compañeros de nuestra Facultad de Economía, con sus amigos, con todos nosotros, tan endebles frente a la violencia gubernamental.