Hombres de negocios se hacen pasar por ejidatarios para obtener ventajas fiscales

El gobierno de SLP ayuda a empresas a eludir impuestos

Logistik y Lintel dejaron de pagar $361 millones por la compra de terrenos para dos proyectos

LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosí, SLP, 11 de junio. El gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga está implicado en tramas fiscales que permitieron a las empresas Logistik y Lintel, con sedes en Nuevo León y Chihuahua, respectivamente, evitar el pago de impuestos por ingresos de 361 millones de pesos en la adquisición de terrenos ejidales para establecer una planta de General Motors y un complejo habitacional denominado Ciudad Satélite.

Declaraciones de funcionarios estatales revelan que el mandatario admitió que falseó datos de un contrato de compraventa de tierras para acceder a recursos federales. En esa maniobra la compañía involucrada obtuvo del gobierno estatal una deducción fiscal.

Las tramas fiscales no son dificultad para el mandatario, fundador de los despachos contables Marcelo de los Santos y Compañía y Productividad. A su vez, Lintel pertenece a un corporativo fundado por el finado Federico Barrio Terrazas, hermano del ex zar anticorrupción y ex aspirante del PAN a la Presidencia Francisco Barrio.

Familia consentida

General Motors anunció en marzo pasado que instalaría en San Luis Potosí una planta armadora en la que invertiría 650 millones de dólares y que generaría entre mil 800 y 3 mil empleos. La empresa estadunidense eligió San Luis gracias a los generosos estímulos ofrecidos por el gobernador.

Uno de estos beneficios -reconoció la administración estatal- era que el gobierno pagaría 295 millones de pesos por 343 hectáreas en el municipio de Villa de Reyes. Jorge Armando Ballesteros Almaguer y Fernando Pablo Villarreal Ballesteros vendieron la superficie al gobierno por medio de su empresa Logistik Servicios Multimodales. En la operación evadieron el pago del impuesto sobre la renta (ISR).

Los hermanos Villarreal Ballesteros se convirtieron en ejidatarios gracias a títulos otorgados por la Secretaría de la Reforma Agraria en mayo de 2005, como consta en el contrato de compraventa celebrado el 17 de marzo de 2006. En el documento se estipula que los supuestos ejidatarios estarán exentos del pago del ISR porque la Ley Agraria y la del Impuesto Sobre la Renta declaran que la primera operación que se realice con predios de origen ejidal no paga ese gravamen.

En la operación, ambos miembros de la familia Villarreal Ballesteros ganaron 283 millones de pesos, mientras que Gerneral Motors fue beneficiada por la administración estatal panista, que pagó el precio de los terrenos.

La miel de El Panalillo

Un esquema semejante de evasión fiscal y trato preferente a particulares se observa en el megaproyecto del gobierno potosino denominado Ciudad Satélite, mediante el cual se pretende construir 30 mil viviendas en 350 hectáreas.

El gobierno panista intentó mantener la operación en secreto al imponerle un periodo de reserva de dos años, pero un particular logró que la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información ordenara a la administración que la hiciera pública.

Una vez conocido el contrato se supo que la empresa beneficiada fue Dintel del Centro, propiedad del corporativo Lintel, fundado por Federico Barrio Terrazas. En noviembre de 2005 la compañía compró a presuntos ejidatarios 350 hectáreas en el ejido El Panalillo, por las que pagó 76 millones de pesos.

En un esquema similar al que favoreció a los Villarreal Ballesteros en el caso de General Motors, los directivos de la firma compradora son Adrián Lugo Astiazarán, director general de Lintel, y Arturo Crespo Pavón, representante legal de esa empresa.

El 19 de mayo el Instituto de la Vivienda del estado adquirió los predios de El Panalillo en 140 millones de pesos.

Ante las sospechas que despertó la transacción, De los Santos Fraga ofreció una explicación con la que más bien reconoció que participó en una maniobra para aparentar que cumplió los requisitos de un programa federal para financiar la adquisición de reserva territorial y, de paso, brindar exención fiscal a Dintel del Centro.

El mandatario se reunió con directores y dueños de todos los medios de comunicación de la capital, con excepción de La Jornada San Luis. Allí pidió ''comprensión'' para que ya no se tocara más el punto.

Afirmó que las cifras aparecidas en el contrato (140 millones de pesos, a razón de 40 pesos por metro cuadrado) no eran reales, pues su gobierno en realidad pagó a 13 pesos el metro cuadrado, es decir, 45.5 millones.

La Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales fijó un valor de 40 pesos por metro cuadrado como mínimo para obtener beneficios de un programa federal de apoyo a la adquisición de reservas territoriales, el cual incluía una aportación de un tercio del monto en beneficios fiscales.

El gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, según esa versión, sólo pagó 45.5 millones de pesos y recibió de Dintel del Centro una devolución de 86 millones. A cambio, entregó un deducible fiscal por una cantidad no especificada.

Ese no fue el único beneficio fiscal para la empresa. Al reportar el traslado de dominio al ayuntamiento de la capital, la compañía alegó que, como el gobierno estatal fue el beneficiado con la operación y el receptor final de los terrenos, la Ley de Hacienda le permitía no pagar al ayuntamiento el impuesto sobre traslado de dominio (1.66 por ciento del monto total de la compraventa).

En el caso de El Panalillo se hicieron dos transacciones: en una se pagó a los ''ejidatarios'' 76 millones de pesos, lo que debió haber generado al fisco un ingreso de millón 278 mil 166 pesos. La otra fue la venta al gobierno del estado, por 140 millones, que causaba impuestos por 2 millones 324 mil pesos.

En total, las arcas de la alcaldía potosina dejaron de recibir 3.6 millones de pesos.