Atenco: el horror, la impunidad
Ha pasado más de un mes y una semana de la incursión policiaca en Atenco. Dos jóvenes fueron asesinados por las fuerzas del orden. Más de 200 personas, entre los que hay nueve menores, fueron detenidas sin orden de aprehensión, salvajemente golpeadas y torturadas. La mayoría de las 47 mujeres presas sufrieron agresiones y abusos sexuales. Cinco extranjeros fueron ilegalmente expulsados del país después de ser maltratados.
El 4 de mayo de 2006 es una fecha para recordar. Ocupa ya un lugar en el vergonzoso calendario de la impunidad gubernamental, al lado del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y del 22 de septiembre de 1997. Es muestra de que, a pesar de los años transcurridos desde la guerra sucia, la cara más represiva y autoritaria del gobierno mexicano permanece intacta.
Nadie ha sido castigado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el operativo de Atenco. Por el contrario, los jefes policiacos responsables se presentan como los nuevos héroes del estado de derecho. La mayoría de los grandes medios electrónicos guardan silencio ante las atrocidades cometidas. Los partidos políticos se han desentendido del asunto. Todos apuestan al olvido.
La barbaridad sólo parece interesar fuera de México. Miles de personas se han movilizado en casi 30 países para denunciarla. El 11 de marzo Amnistía Internacional emitió una acción urgente exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El 11 de mayo Human Rights Watch condenó el uso excesivo de fuerza. Naciones Unidas ha hecho varias advertencias. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por 28 personas de siete países, se trasladó a México entre el 29 de mayo y el 4 de junio y elaboró un documentado informe sobre las atrocidades cometidas.
Se trató de una revancha anunciada. Cuando en marzo de 2003, el relator especial de Naciones Unidas, Miloon Khotari, conoció la situación que se vivía en San Salvador Atenco, recomendó al gobierno mexicano garantizar "que no haya repercusiones ni medidas punitivas contra los activistas y defensores de vivienda. El relator especial sigue preocupado por las acusaciones formuladas contra los activistas principales, que se han convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación". Lamentablemente Khatari acertó en su advertencia.
En los operativos del 3 y 4 de mayo las policías utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos, toletes y palos eléctricos. Agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) entraron a lo largo del 4 de mayo a viviendas particulares sin orden de cateo. Golpearon bestialmente y detuvieron sin orden de aprehensión a sus moradores. Destrozaron y robaron sus escasos bienes. Los vidrios de los coches de los atenquenses fueron destrozados. Aprehendieron, también, a defensores de derechos humanos y comunicadores presentes.
No se permitió acceso al lugar de los hechos ni a ambulancias ni a médicos, a pesar de que muchas personas sufrieron heridas de gravedad.
El traslado de los detenidos hasta el penal de Santiaguito duró más de seis horas. Las mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demuestra que, por lo menos, 23 de las detenidas sufrieron abuso sexual.
Los hombres fueron salvajemente golpeados. Varios testimonios señalan que a dos de ellos se les metió un palo por el ano. Los policías insultaron, vejaron y humillaron a los aprehendidos. Golpearon a personas inconscientes. "Los vamos a matar como perros", les dijeron.
Al llegar a la cárcel las cosas no fueron mejores. Los más golpeados fueron trasladados a un hospital en el que se les dio paracetamol y se les atendió sin las más elementales condiciones de higiene. Las mujeres violadas estuvieron sin atención médica y sin medicamentos durante días. Fueron examinadas por un ginecólogo hasta cuatro semanas después de la agresión. Se les impidió, además, presentar las denuncias legales. Incluso fueron amenazadas por querer hacerlo.
Los detenidos fueron hacinados en las celdas. No se les dio agua. Se les impidió comunicarse con el exterior. Uno de ellos dijo a la CCIODH: "cuando pedíamos hacer una llamada, que queríamos ver un abogado, nos dijeron que ya no viéramos películas gringas, que eso sólo pasa en Estados Unidos. Aquí estás en México..."
Irónicamente, el 10 de mayo, Día de la Madre, la directora de la cárcel fue a felicitar a las mujeres. Ellas relataron a la CCIODH que "las mujeres empezaron a levantar las camisas y bajar los pantalones, a enseñar los moretones, y dijeron: '¿felices con esto? Ustedes tienen, hermanas, hijas, ¿estarían felices con esto?' "
El informe de la CCIODH -el más amplio de los hasta ahora elaborados- concluyó que el operativo policial se produjo con uso excesivo de la fuerza pública, contrario a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla. Establece que no se condujo conforme a lo dispuesto por la Constitución ni los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.
Dicha comisión considera que el ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo Madrid, así como David Pintado Espinos, Alejandro Eduardo Martínez Aduna y Ardelio Vargas Fosado deben ser cesados inmediatamente. Asimismo, sostiene que es necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas con base en el principio de presunción de inocencia.
Hoy ha quedado claro por qué el gobierno de Vicente Fox se negó a juzgar y castigar los crímenes del pasado: sabía que al hacerlo se estaba poniendo una soga al cuello. Las administraciones panistas no se distinguen en nada de las priístas en cuanto a la violación de derechos humanos. Están hechos con la misma horma: la impunidad.