La función administrativa compete al Ejecutivo, alega
Reconoce el gobierno que sobrepasó el gasto autorizado en San Lázaro
Al entregar la Cuenta de la Hacienda Pública 2005 a la Cámara de Diputados -turnada por conducto de la Comisión Permanente-, el gobierno federal confirmó que ejerció el gasto de ese año a partir de sus propias políticas y no con los criterios establecidos por los legisladores. Esta práctica condujo a un exceso en el gasto por 166 mil 366.3 millones de pesos, 8.9 por ciento adicional a lo aprobado por el Poder Legislativo.
En el documento, elaborado por la Secretaría de Hacienda, se afirma que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005 aprobados por los diputados "transgredían leyes federales y asignaciones específicas de recursos, que sustituían la función administrativa que compete exclusivamente al Poder Ejecutivo".
Señala que éste ejerció un gasto neto total de 1 billón 979 mil 808 millones de pesos, cuando el gasto aprobado por la Cámara de Diputados fue de un billón 802 mil 610.2 millones.
La Cuenta Pública, enviada desde el viernes y de la que hoy se dará cuenta en la sesión de la Permanente para que ésta la turne a los diputados, asegura que las ampliaciones presupuestales se cubrieron con ingresos excedentes, y que la mayor parte se destinó a los estados y a la inversión en el sector energético, el más favorecido en comparación con los rubros sociales y para el campo, que registraron subejercicios.
Así, aun cuando las inversiones en el sector energético continuaron financiándose mediante la figura de Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto (Pidiregas) -se destinaron 40 mil 939.9 millones de pesos-, la Secretaría de Energía recibió la mayor ampliación presupuestaria.
De los 26 mil 413.9 millones de pesos aprobados por la Cámara, Hacienda le otorgó recursos adicionales hasta por 77 mil 435 millones de pesos, es decir, un aumento de 193.2 por ciento.
Hacienda argumentó que los 51 mil 21.1 millones de pesos adicionales a Energía se transfirieron a Petróleos Mexicanos "para fortalecer la inversión en infraestructura en materia de exploración, gas, refinación y petroquímica", y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), "a fin de cubrir incrementos en los combustibles utilizados en la generación de fluido eléctrico".
Otros rubros con recursos adicionales fueron el educativo, con 9 mil 702.9 millones de pesos por subsidios al nivel básico en los estados, así como a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; el aumento salarial del magisterio y para cubrir "el alza en los precios de los servicios de telefonía y energía eléctrica".
Hacienda destinó parte de los 56 mil 430.6 millones de pesos que entregó adicionalmente al sector comunicaciones y transportes y al Fideicomiso Nuevo Aeropuerto, "para las obras de la segunda terminal del aeropuerto internacional de la ciudad de México".
Entre los sectores que se vieron beneficiados, a pesar del rechazo explícito de los diputados, estuvo el Poder Judicial, al cual se le otorgaron 467.3 millones de pesos adicionales no autorizados por la Cámara.
En contraparte, el sector social y la PGR sufrieron recortes en su presupuesto. A Agricultura se le descontaron 2 mil 117.1 millones de pesos; a Desarrollo Social mil 988.9 millones; a la Reforma Agraria mil 100.9 millones de pesos, mientras por cancelación de plazas la procuraduría dejó de ejercer 571.3 millones.