Usted está aquí: miércoles 14 de junio de 2006 Capital La gestión del DF, la más auditada y fiscalizada del país, dice Encinas

Acata recomendaciones de la ONU para los periodos de comicios: Provencio

La gestión del DF, la más auditada y fiscalizada del país, dice Encinas

En la Fepade, 49 actas circunstanciadas por presuntos delitos electorales federales: Fromow

BERTHA T. RAMIREZ Y ANGEL BOLAÑOS

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Provencio, afirmó que están suspendidos los actos públicos para la entrega de beneficios sociales, por lo que la administración capitalina acata las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el blindaje de los programas sociales en periodos electorales.

Una de las tres condiciones que consideran estas recomendaciones es informar a la población sobre sus derechos "y lo que la ciudadanía puede hacer para evitar ser manipulada", indicó.

El funcionario del gobierno capitalino señaló que con esa perspectiva, en la fase final de la temporada electoral la dependencia a su cargo tiene prohibido realizar actos públicos para entregar ayudas de tipo social; no obstante, aclaró que éstas llegarán mediante sus tarjetas de depósito a quienes estén inscritos en los programas.

Al mismo tiempo, unas 60 mil personas recibieron información en este sentido por medio de los comités de padres de familia que participan en el Programa de Desayunos Escolares; lo mismo ocurrió con más de 7 mil jóvenes que reciben becas del Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo.

Apoyo retroactivo a estudiantes

Agregó que debido a que recientemente se liberaron recursos por 60 millones de pesos para la entrega de becas por 730 pesos mensuales a estudiantes de las 16 preparatorias del sistema educativo del Gobierno del Distrito Federal, la entrega de este beneficio no se ha suspendido, pero se comenzará a entregar por primera vez a partir de julio y será retroactivo para poco más de 4 mil estudiantes regulares.

Entrevistado al término del taller en materia de delitos electorales instrumentado por el GDF y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), indicó que en el caso del Programa de Utiles Escolares la difusión para la entrega de éstos se hará a partir de la última semana de julio y hasta el 22 de agosto, fecha en la que se inicia el nuevo ciclo escolar.

Por otra parte, dijo que en lo relativo a los programas financiados con recursos federales como Hábitat y Oportunidades, "estamos muy atentos porque los convenios están firmados por el GDF y estamos haciendo la solicitud a las delegaciones para que no se incurra en ninguna de las conductas que están tipificadas como delitos electorales".

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, expuso que el papel de los servidores públicos en la contienda electoral debe ser de imparcialidad, pues de lo contrario "se pueden aplicar sanciones de carácter administrativo o penal", como prescriben las leyes.

Agregó que la institución a su cargo está lista para proceder conforme a la ley, para sancionar a quienes rompan las reglas elementales de respeto al voto y de imparcialidad.

La contralora general del GDF, Bertha Elena Luján, manifestó que la administración capitalina tiene un compromiso por avanzar en la cultura de la legalidad y a partir de acciones concretas que involucran a servidores públicos de distintos niveles.

Con el curso se buscó informar a los trabajadores del GDF sobre cómo desvincular los programas sociales del condicionamiento del proceso electoral, así como informar a los beneficiarios de los programas sociales en materia de democracia y elecciones, a fin de que se construya una cultura más participativa, agregó.

En su turno, la titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow Rangel, señaló que este curso es un esfuerzo sin precedente entre los gobiernos local y federal, pues cada uno contribuyó para que "no exista condicionamiento alguno en los programas sociales".

Al término del acto, Fromow Rangel dijo en entrevista que en esa fiscalía existen 49 actas circunstanciadas por denuncias sobre presuntos delitos electorales a nivel federal en el Distrito Federal, de las cuales 35 han ameritado abrir averiguaciones previas.

Complot mongol

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que las pruebas con las que el Partido Acción Nacional pretende incriminarlo en delitos de extorsión, desvío de recursos y lavado de dinero, junto con ex funcionarios de su administración que colaboran en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, "parecen sacadas de El complot mongol", la célebre novela policiaca de Rafael Bernal.

Las pruebas -oficios sin firma ni membretes, presuntamente elaborados por ex funcionarios como Claudia Sheinbaum, en las que se propone una estrategia para recabar fondos para la campaña basada en extorsiones a taxistas, empresarios y hasta policías-, "las han de haber hecho los fumadores de opio del Barrio Chino de esta novela", señaló el mandatario capitalino en su conferencia de prensa matutina.

Como contribución al triller policiaco panista, Encinas propuso que otro personaje de la literatura del género, Héctor Belascoarán Shayne, el detective creado por Paco Ignacio Taibo II, ayude a resolverlo. Y reiteró su hipótesis: "realmente lo que creo es que fue un fumadero donde hicieron esas cartas".

Más tarde, en entrevista durante una gira por la delegación Xochimilco, el jefe de Gobierno agregó que las acusaciones de los panistas muestran lo desesperados y preocupados que están: "Evidentemente no saben cómo resolver el problema serio que tienen ante la opinión pública por la información derivada de los contratos y beneficios, el tráfico de influencias, y podrán presentar todas las denuncias que gusten, pero no van a encontrar absolutamente nada, porque aquí se actúa con honestidad, con ética y con transparencia".

Recordó que la del Distrito Federal es la administración más auditada y fiscalizada en la historia reciente del país, no sólo por los órganos de control internos como la Contraloría General del DF y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, sino por los federales como la Auditoría Superior de la Federación e incluso por los mismos medios de comunicación.

 
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