El Estado pone en riesgo el proceso electoral, señalan
Grupos de derechos humanos exigen investigación imparcial
Decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como académicos del país, condenaron que las autoridades gubernamentales crean que la solución a los conflictos sociales es vía la represión. Lamentaron que ante demandas de diálogo, como hicieron los maestros en Oaxaca, se responda con violencia y aumente el número de muertos, heridos y desaparecidos.
Con sus acciones, insistieron, el Estado mexicano no mide las consecuencias que hechos de esta naturaleza podrían traer para la paz en México y, sobre todo, en las elecciones del 2 julio.
En un pronunciamiento suscrito por 48 organizaciones y redes en pro de los derechos humanos, señalaron que a pesar de la negativa de las autoridades a reconocer y reportar los hechos, por información obtenida de organizaciones civiles y sociales de derechos humanos de Oaxaca "sabemos que el saldo es de varias personas muertas, entre ellas dos niños, decenas de personas heridas, vejaciones contra mujeres y un número indeterminado de detenidos y/o desaparecidos".
Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, de redes como Solidaridad Década contra la Impunidad, Alternativa de Derechos y Arte en Resistencia y por los Derechos de la Infancia, entre otras, destacaron que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca "se han negado reiteradamente a asumir su responsabilidad en el conflicto y a resolver las demandas mediante el diálogo".
Por el contrario, agregaron, "han priorizado la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de los movimientos sociales, en particular en Oaxaca, y ponen en duda la voluntad política del gobierno de garantizar un ambiente propicio para avanzar en la democratización del país".
En conferencia de prensa, cuestionaron que el presidente Vicente Fox haga a un lado su obligación de respetar los casi 70 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito México, y que no valore el peso del país como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Al hacer un recuento sobre las agresiones que los gobiernos federal y estatales han dado en respuesta a los conflictos sociales, organizaciones como los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Bartalomé Carrasco y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Cencos, Católicas por el Derecho a Decidir, Incide Social, Liga Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, Serapaz y otros, exigieron el restablecimiento del estado de derecho en el país y que se realicen investigaciones imparciales sobre lo ocurrido la madrugada de ayer en Oaxaca, donde se reprimió al movimiento magisterial.
Anunciaron que integrarán un grupo de observadores para constatar las violaciones a las garantías fundamentales durante el operativo. Dieron a conocer los nombres de siete heridos, uno con posibilidad de perder un ojo, por el uso de petardos y gases lacrimógenos, además de anunciar la muerte de dos maestras y dos niños durante el operativo emprendido por policías estatales bajo las órdenes del gobernador Ulises Ruiz.
José Morales Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el uso desmedido de la violencia manifiesta las dificultades que enfrentan las autoridades federales y estatales para establecer canales de diálogo que permitan resolver los conflictos, lo que propicia un clima electoral "cada vez más enrarecido".
Es evidente, aseguró, que la violencia sólo genera más violencia, cuando el diálogo es lo que puede llevar a una solución. "Ya vimos lo que pasó en Atenco y con los mineros. Es vital privilegiar el entendimiento y la ética en los procesos de diálogo".