La procuraduría del estado de México los acusa de abuso de autoridad
En la lista de responsables por el operativo atenquense, 23 policías
El delito, sin embargo, no es considerado grave por el Código Penal mexiquense
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Un grupo de alemanes y mexicanos se manifestó en la plaza de la alcaldía de Hamburgo, en protesta por la represión en Atenco, por la libertad de los presos y el castigo a los responsables de la violencia oficial
Toluca, Mex., 14 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consignará en las próximas horas, sin detenidos, la averiguación previa que inició por los excesos de la Policía Estatal y la Municipal de Texcoco el pasado 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, donde acusa a 23 uniformados de abuso de autoridad.
Se trata de 19 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que participaron en los operativos en Atenco, y de cuatro efectivos de la Dirección General de Seguridad Pública de Texcoco, quienes desalojaron a los floristas del mercado de esa localidad, el 3 de mayo.
En la lista se encuentran, a decir del procurador del estado, Abel Villicaña Estrada, un jefe de sector de la ASE, dos jefes de grupo y 20 policías rasos. Al comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, ni siquiera se le ha investigado, ya que nadie lo ha señalado, añadió.
Hasta el cierre de la edición, el juez de distrito de Tenango, quien conoce de la causa, aún valoraba el expediente para ver si obsequiaba las órdenes de aprehensión, pero en caso de que eso ocurra, los uniformados podrían recuperar su libertad y enfrentar su proceso en libertad, ya que el delito que se les imputa no es considerado grave por el Código Penal mexiquense.
Entre los acusados se encuentran los cuatro uniformados de la ASE que el lunes pasado fueron destituidos tras encontrárseles responsabilidad administrativa por tolerar la violencia contra los detenidos de Atenco y un camarógrafo de televisión. Ellos son: Gustavo Torres García, Isidro Hernández Meneses, Erasmo Barrera Hernández y Héctor Miguel Martínez Carranza. Del resto no se proporcionó su identidad, con el argumento de que podrían evadir la acción de la justicia antes de que el juez libre las órdenes de aprehensión respectivas.
Los cinco agentes de la ASE suspendidos por la Secretaría General de Gobierno no figuran en el pliego de consignatación, pese a que el órgano administrativo les encontró responsabilidad por los actos de violencia contra civiles en los operativos de Atenco y Texcoco de principios de mayo.
En el pliego de consignación sólo se les imputa el delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal en su artículo 130, fracción II, que establece que comete este ilícito quien, "cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de palabra o de obra a una persona sin causa legítima".
La penalidad de esta conducta va de uno a cinco años de prisión, además de 30 a 150 días de salario mínimo de multa, la destitución inmediata del cargo e inhabilitación de dos a ocho años para ocupar un cargo público.
Los delitos de robo, allanamiento de morada y lesiones no forman parte del expediente. Para los primeros dos ilícitos, justificó el procurador, se requiere de querella, mientras que para el tercero, que sí es considerado grave, si es cometido por un servidor público, se "subsumió" al de abuso de autoridad.
Para llegar a esta resolución, la procuraduría analizó los videos y fotografías que se publicaron en los medios de comunicación, para identificar a los presuntos responsables. Se tomó declaración a 81 integrantes de las fuerzas policiacas, de los cuales siete fueron mandos superiores y 40 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sobre los abusos sexuales en agravio de las detenidas, presuntamente cometidos por policías durante el traslado de las mujeres detenidas al penal de Santiaguito, el procurador sostuvo que estos hechos aún son investigados. Hasta el momento, sólo tres mujeres han identificado a dos probables agresores.
Consignaciones, en una semana
La averiguación previa que se inició por este caso revela que 26 de las 47 detenidas sufrieron ultrajes o violaciones. La PGJEM sigue integrando el expediente con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con testimonios de las presuntas víctimas. El procurador se comprometió a que a más tardar la próxima semana se puedan dar las primeras consignaciones.
Abel Villicaña también aclaró que la procuraduría a su cargo sigue investigando, "pero aún no tenemos pistas de los responsables" de las muertes de Javier Cortés Trejo y Alexis Benhumea; el primero durante el enfrentamiento en Atenco, y el segundo después de permanecer en coma durante 34 días.
Reiteró que se tiene acreditado que Javier Cortés murió a consecuencia de disparo de arma de fuego, "que aún no hemos podido determinar quién activó". En el caso de Alexis se comprobó que su deceso fue causado por traumatismo craneoencefálico (por el impacto de proyectil de gas lacrimógeno), según la necropsia que le practicó al cadáver la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Detienen al agresor del policía inerte
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, informó que tres habitantes de esta localidad fueron aprehendidos el martes por efectivos de la Policía Judicial en una de las casas donde se refugiaban. La organización y familiares identificaron a los detenidos como Sergio Ramírez Vázquez, Abraham Fuentes Velásquez y Juan Martínez Romero, de 28, 37 y 51 años de edad, respectivamente.
La Policía Judicial del estado y la Municipal de Texcoco informaron que las detenciones se efectuaron la noche del martes, cuando iban en un vehículo con permiso provisional que tenía reporte de robo. A los detenidos se les encontró un arma calibre 38, y por ello se inició la denuncia penal TEX/III/1635/06.
Sin embargo, los familiares e integrantes del FPDT expusieron que "la detención fue ilegal y violenta. No había orden de cateo. Nosotros hacemos responsable al gobernador Enrique Peña Nieto", dijeron.
Juan Martínez Romero, identificado por el procurador como el hombre que propinó un puntapié en los testículos a un miembro de la PFP, fue entregado a la Procuraduría General de la República, ya que el delito de lesiones en agravio del policía es de competencia federal, dijo Villicaña Estrada.