Editorial
Oaxaca: represión fallida y turbiedad
Muchos conflictos de naturaleza diversa parecen estar en juego en la confrontación que mantienen maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno de Oaxaca, que ayer degeneró en choques violentos entre los mentores inconformes y la fuerza pública del estado. Los contextos sociales de la protesta que derivó en la toma del primer cuadro de la capital oaxaqueña por los educadores están claros: a las tradicionales condiciones de marginación, miseria, represión y opresión que padecen los sectores populares de la entidad, y que han propiciado una perceptible radicalización del gremio magisterial allí, han de sumarse una reivindicación justa de rezonificación salarial y una irritante ausencia de respuestas por parte de los gobiernos de Ulises Ruiz y de Vicente Fox.
En este conflicto, el regateo entre el estado y la Federación no ha sido únicamente presupuestal, sino que ambas instancias de gobierno han procurado adjudicarse mutuamente la responsabilidad en el manejo de la crisis causada por las acciones de los manifestantes en el centro de Oaxaca. Hace dos semanas, por ejemplo, cuando los mentores inconformes paralizaron durante 12 horas el aeropuerto de la ciudad que es una zona federal, la administración foxista se excusó de enviar elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) alegando una inverosímil "falla de logística". Y ayer, tras el fracasado y torpe intento de desalojo de los maestros por fuerzas policiales estatales, el gobierno federal rechazó la petición de Ulises Ruiz y se negó a mandar elementos de esa corporación nacional.
Ciertamente, en las primeras horas de este miércoles los choques en la capital oaxaqueña parecían prefigurar un nuevo ciclo de ineptitud policial seguida por excesos represivos, como los que han tenido lugar en Sicartsa, en Michoacán, y en Texcoco-Atenco, en el estado de México, y es positivo que en Oaxaca no haya ocurrido algo semejante. Pero la manifiesta disposición represiva del foxismo en su fase final obliga a dudar que la negativa de Los Pinos a movilizar a la PFP haya sido un gesto de prudencia. Da la impresión, en cambio, de que en torno del legítimo descontento magisterial oaxaqueño, los gobiernos estatal y federal libran una batalla de golpes bajos, y que en los cálculos de ambos bandos no está ausente la inminencia de las elecciones presidenciales. Y un dato: en Oaxaca el partido que detenta la Presidencia de la República, Acción Nacional, no tendría muchos votos que perder si, a causa de este conflicto, se hiciera imposible la realización de comicios en ese estado, en el que las preferencias electorales están dominadas por los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
La mesa de negociación impuesta ayer por la Secretaría de Gobernación es, sin duda, el camino correcto para resolver la inconformidad del magisterio oaxaqueño y sus manifestaciones. Eso está claro desde el principio, y llama la atención que las propias autoridades federales y estatales, con su intransigencia, hayan hecho intransitable, hasta ahora, la vía del diálogo. Si ese es el camino, ¿por qué se le ha inhabilitado con una manifiesta mezquindad presupuestal y con amagos represivos? ¿Qué está en juego?