Régimen especial de protección a multinacionales
No existe ninguna razón, salvo aumentar el lucro inmoral de las multinacionales biotecnológicas, para que se cultive maíz transgénico en México. Así de simple. Todo lo que se refiera a liberarlo de cualquier forma, sea experimental o comercial, parte de supuestos equivocados -o malintencionados- que no se basan en análisis serios de la realidad de los transgénicos ni del campo mexicano.
El acuerdo presentado recientemente por la Sagarpa y la Semarnat (secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales) sobre lineamientos de bioseguridad para el "desarrollo de un Régimen de Protección Especial del Maíz", no protege al maíz ni a los pueblos del maíz, sino los intereses de la empresas de transgénicos (Monsanto, Dupont-Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, Basf), y su impunidad frente a la contaminación que aumentará inevitablemente si se legaliza la siembra de estos granos desnaturalizados.
Es paradójico que sean normativas de "bioseguridad" las que abren la puerta a los transgénicos. Se presentan al público como leyes que exigirán evaluaciones cuidadosas, aparentando responsabilidad, pero de hecho han sido, en todo el mundo, el camino legal para introducir transgénicos. Esto se debe a que no asumen en realidad el principio de precaución -ante la duda, abstenerse-, sino el contrario: ante la duda, vayamos probando y que los problemas los paguen los campesinos, los consumidores y el ambiente.
Algunas versiones de leyes de bioseguridad son particularmente defectuosas: es el caso de México, al punto que es más conocida como ley Monsanto, mote que se ha generalizado en el mundo, convirtiéndose en sinónimo de este tipo de leyes. Describe en forma sintética a quién beneficia y quién está detrás de su formulación: las poquísimas empresas que monopolizan el mercado global y detentan todas las patentes para usar transgénicos, desde el campo a la investigación e incluso para detectar si hay contaminación.
En la discusión de la ley Monsanto en México se logró incluir a último momento una frase, que aun siendo muy general y débil, tienen que burlar las empresas de alguna manera. El artículo 2, fracción XI, de la ley de bioseguridad, obliga a establecer un régimen especial de protección para el maíz y otros cultivos que tienen centro de origen en México.
Como este artículo ya fue usado por Greenpeace y otras organizaciones para conseguir revocar el permiso que la Sagarpa y la Semarnat otorgaron a Dupont, Dow y Monsanto para experimentar con maíz transgénico, ahora las dos secretarías intentan vaciarlo, presentando un acuerdo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Alejandro Nadal ya señaló acertadamente que este "acuerdo" es improcedente y no tiene sustento jurídico. (La Jornada 14/06/2006).
Además es perverso, porque envuelto en palabrería vacía sobre sustentabilidad y protección de la biodiversidad, se propone fomentar y permitir la experimentación con maíz transgénico en México y, cumplido este requisito, que se pueda liberar comercialmente, cosa que no se podría hacer sin previa etapa de experimentación. El acuerdo trata de dar vuelta a las críticas que recibieron ambas secretarías por intentar disimular que habían aprobado experimentos de las trasnacionales encubiertas con el nombre y en campos de instituciones públicas, afirmando ahora que los experimentos "se deben hacer preferentemente en terrenos de instituciones públicas".
Como la ley Monsanto, el acuerdo está repleto de adjetivos y frases que relativizan cualquier cosa allí escrita, tales como "preferentemente", "dando prioridad", "(los criterios) podrán ser modificados", que finalmente dejan a la interpretación del funcionario del momento cualquier cosa que se haga.
Los ambiguos párrafos sobre tener en cuenta las zonas centro de origen (que en realidad es todo México y Mesoamérica), con cercos de algunos cientos de metros para prevenir la contaminación (como si sirvieran), o la emasculación de maíz en las zonas de experimentación, no logran ocultar el núcleo duro del acuerdo: "Fomentar variedades de maíz genéticamente modificado siempre que se encuentre enfocado a resolver problemas nacionales, dando prioridad a aquellos que sean de interés agronómico, energético, nutricional o ecológico para nuestro país".
Prioridad e interés que serán definidos por los mismos excelentes y responsables funcionarios que elaboraron este acuerdo. (Y variedades que no existen, salvo para energéticos, que amerita un artículo separado denunciando la nueva táctica de las multinacionales de vender sus transgénicos como biocombustibles, ya que no funcionan como todo lo demás).
Algunos párrafos son racistas y muestran el enorme desconocimiento y desprecio por los campesinos e indígenas, creadores y cuidadores del maíz. Por ejemplo, dicen que "en las últimas décadas ha surgido el interés por preservar la diversidad de este cultivo en el campo". Y luego, que "los maíces mexicanos son valiosos precisamente por (...) su potencial uso en el desarrollo de variedades mejoradas a través de técnicas modernas".
Los campesinos e indígenas, que son 85 por ciento de los que plantan maíz en México, "preservan la diversidad del cultivo" desde hace miles de años, no porque les haya "surgido el interés", sino porque es la base de su vida, economías y culturas, ahora más amenazadas por los transgénicos. Ese es su valor fundamental, ya que fueron ellos quienes lo crearon y cuidaron para bien de toda la humanidad. Por el contrario, el desarrollo e introducción en sus campos de "variedades mejoradas a través de técnicas modernas" como híbridos y transgénicos, han sido herramientas esenciales para la pérdida de sus semillas y la erosión genética que han sufrido.
*Investigadora del Grupo ETC