Represión en Oaxaca
Conforme se aproximan las elecciones federales, tenemos que insistir en la preocupación que nos ocasionan una serie de acontecimientos que han polarizado la opinión pública y muestran la forma como el Estado ha propiciado, por acción o por omisión, que conflictos sociales deriven en muerte y violencia. Pasta de Conchos, Lázaro Cárdenas, Atenco y ahora los conflictos en la ciudad de Oaxaca, denotan al menos no sólo la falta de capacidad de los gobiernos federal y locales para atender reclamos populares y encontrar una salida política a los conflictos, sino también la falta de voluntad para llegar a acuerdos en tiempos tan difíciles como los que se viven ahora.
Cabe resaltar que todos estos conflictos están relacionados con legítimos reclamos sociales, malas condiciones de trabajo, y que ninguno de ellos ha tenido hasta ahora una solución satisfactoria para la sociedad. El miércoles 14 de junio se intentó desalojar a los maestros de la sección 22, que después de 23 días mantenían el plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. De acuerdo con los reportes que se recibieron de las organizaciones civiles de derechos humanos y de la prensa, entre las cuatro y cinco de la mañana alrededor de tres mil miembros de la policía estatal iniciaron con lujo de violencia su desalojo, con el empleo de bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta, bombas de humo y armas de fuego de alto calibre, destruyendo con saña tiendas de campaña y módulos del campamento.
La justificación para el uso de la fuerza giró ante la presunta violencia primera de los maestros, cuando la policía intentaba cumplimentar unas órdenes de aprehensión. Sin embargo, se sabe que la violencia por parte de los uniformados no se dio como defensa, sino de manera espontánea. Preocupan las declaraciones hechas por el gobernador del estado, Ulises Ruiz, quien niega que la policía estatal hubiera estado armada y que hubiera agredido físicamente a las y los profesores que se encontraban en el plantón. Esto contradice las versiones que diversas organizaciones y grupos de derechos humanos han difundido, en las que se habla de personas heridas de gravedad, incluyendo mujeres y niños.
Por otra parte, se pretende descalificar las acciones del magisterio en la lucha por sus derechos laborales, al afirmar que tenían drogas o que había armas de fuego de alto calibre resguardadas en el hotel del magisterio. Por situaciones previas, se ha mencionado que el líder de la sección 22, el profesor Enrique Rueda Pacheco, pertenece al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Estos hechos pretenden ser dados por ciertos ante la opinión pública, sin demostrarse plenamente. No hacen sino avivar el clima de tensión, violencia y miedo que se percibe en la ciudad de Oaxaca, y son utilizados como argumentos para pretender establecer el "estado de derecho", tal y como ocurrió en los recientes acontecimientos en Atenco.
Agrava esta situación la postura que el gobierno de Oaxaca ha tenido con los medios que pretendían ingresar a la ciudad de Oaxaca, o que estaban en el lugar de los hechos, como Radio Plantón, quienes acusan que su equipo fue destruido. Al impedir el libre ejercicio de la labor periodística se vulnera el derecho a la información que debe ser efectivo para todos los habitantes del país en cualquier circunstancia. Es decir, el derecho no sólo a transmitir información, sino a recibirla de forma oportuna, objetiva, veraz y responsable. La violación de este derecho cuestiona directamente la legitimidad de las acciones del gobierno estatal, y pone en tela de juicio el accionar de todo el Estado en su conjunto, ya que no se garantiza que la información que se desprende del lugar de los hechos sea veraz.
Las demandas del magisterio son demandas laborales legítimas. Entre ellas destacan: aumentos salariales con base en una rezonificación por vida cara, mejora de sus condiciones de trabajo y mejoras en todo el sistema educativo del estado. En otras palabras, dignificación de su labor. Las autoridades, a pesar de tener conocimiento de estas exigencias, dejaron inexplicablemente pasar un tiempo vital, que pudo haber evitado el conflicto violento. Esta actitud es realmente grave, toda vez que propicia la polarización en la opinión pública respecto a temas en los que debe haber consenso a nivel nacional, desencadena la violencia y pone de manifiesto la impresión de que se pretende "criminalizar la protesta social", porque las autoridades hacen uso indiscriminado de la fuerza para acallar las voces de grupos que reclaman sus derechos incumplidos.
Llama también la atención el hecho de que a días de las elecciones en el país, las autoridades se muestren reticentes a ver en el diálogo una opción viable para la resolución de conflictos, y muestren cada vez de forma más descarada actitudes propias de gobiernos represores y autoritarios, que responden con violencia a los reclamos sociales. Con ello además incumplen con su obligación de propiciar un clima favorable para que aquellas se desarrollen con tranquilidad.