Injustificado, el despido de Lilia Cortés García
Tras 4 años de litigio, la SHCP pierde juicio laboral
Tribunal federal ordena la reinstalación en su cargo
Casi cuatro años tardó Lilia Cortés García para ganar el juicio laboral que le permitirá ser reinstalada en su cargo como directora de área en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia de donde fue despedida de manera injustificada en noviembre de 2002, por haber denunciado penal y administrativamente los presuntos manejos irregulares del 75 por ciento del presupuesto de la federación, que contemplaba, entre muchas otras, áreas como seguridad nacional y gasto social.
La ex funcionaria de la SHCP interpuso denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actuaciones que en su momento involucraron a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, ex directora general de Programación y Presupuesto "A" -en la dependencia que dirige Francisco Gil Díaz-, y quien actualmente es oficial mayor de la PGR.
A lo largo de 46 meses, indicó Cortés García, "he tenido que sortear, además de actos violatorios de mis garantías, influyentismos y presuntos pagos ilegales de recursos, de millones de pesos del presupuesto de la PGR, los cuales habría utilizado Cecilia Barra en entregas a servidores públicos, desde niveles de secretario de Estado y magistrados del Poder Judicial, para que las denuncias en mi contra se archivaran, y en busca de que el litigio laboral se dictaminara en mi contra. Esos también fueron motivos por los cuales presenté denuncias de tipo penal y administrativo que se encuentran en desahogo".
Apenas el pasado 30 de mayo, por unanimidad, los integrantes de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinaron: "se condena al titular de la SHCP a reinstalar a Lilia Cortés García como directora de área, así como a pagarle los salarios caídos", entre otros beneficios laborales que le habían sido cancelados.
Lilia Cortés García afirma que desde agosto de 2002 fue objeto de amenazas, agresiones y vejaciones, debido a que se negó, "de manera expresa, a firmar y validar transferencias irregulares de recursos de un área a otra del gobierno federal y aceptar que, sin la debida legalidad, operaran a partir de ese año las áreas de la SHCP desde las cuales se maneja el presupuesto que el Congreso autoriza al gobierno federal anualmente".
La persecución -y posterior despido- en contra de Cortés García se inició en agosto de 2002, a raíz de que comenzó la aplicación de las reformas al Reglamento Interior de la SHCP, que consistían en la desaparición de cuatro direcciones generales de Programación y Presupuesto y la creación de dos direcciones que planean, diseñan, programan, administran y manejan 100 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Según Cortés García, al ponerse en marcha los cambios al Reglamento Interior de la SHCP se vieron afectados laboralmente alrededor de 500 empleados de la dependencia, y se incurrió en anomalías administrativas, ya que al desaparecer las cuatro direcciones generales y crear las dos que las sustituirían, no se estableció el destino de los recursos humanos, financieros y materiales que ya existían, ni tampoco con qué operarían los nuevos órganos.
Sin embargo, lo peor, según Cortés García, no fue la situación laboral, sino la inexistencia de los manuales específicos de funciones, la carencia de estructura orgánica y los nombramientos respectivos, señalamientos que fueron corroborados por la SFP a través de las auditorías AF97/2003 y AF98/2003, concluidas en noviembre de 2004, y de las que La Jornada posee copia.
"La presentación de las denuncias tanto penales como administrativas fueron contra diversos funcionarios, pero principalmente contra Barra y Gómez Ortigoza, porque ella tenía el poder para manejar 75 por ciento del presupuesto asignado sin el debido sustento legal, y me presionaba para firmar documentos que le permitieran cometer ilícitos sin que ello le generara alguna responsabilidad.
"Mi única finalidad, al interponer los recursos, fue proteger a la administración pública federal, ya que desde la Presidencia de la República hasta la más pequeña de las instituciones se verían afectadas en el desarrollo de sus proyectos y programas, trayendo consigo problemas para el país.
"No someterme a las exigencias de Barra y Gómez Ortigoza provocó que me convirtiera en una presa de caza para ella, a grado tal que comenzaron las presiones y amenazas para que renunciara a mi cargo como directora jurídica en la Subsecretaría de Egresos. Aún así, me negué en repetidas ocasiones a dejar mi empleo o retirar las denuncias.
"Sin embargo, Barra y Gómez Ortigoza logró mi despido mediante un procedimiento administrativo amañado en el que de manera ilegal se elaboró un acta por pérdida de confianza, situación que finalmente fue declarada ilícita por la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 30 de mayo", indicó Cortés García, quien posee estudios de doctorado en derecho, y quien hasta antes de su cese llevaba 21 años trabajando en el gobierno federal, siete de ellos en la SHCP.
En suma, el dictamen laboral establece que Lilia Cortés García fue despedida de una dirección a la cual no estaba adscrita, por una persona que no era su superior inmediato, y sin ninguna razón jurídica, ya que según consta en documentos entregados a los tribunales laborales, el cese se basó en un documento titulado "baja por acuerdo superior", que consta en el expediente y que fue emitido por la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP con el número 414289.
Hasta el momento, Cortés García ha presentado más de 40 denuncias de carácter penal ante la PGR, mismas que se han convertido en 19 averiguaciones previas, en las cuales presume que diversos funcionarios han cometido delitos, entre ellos tráfico de influencias, usurpación de funciones, falsedad en declaraciones, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, peculado y hostigamiento.