Culmina pesquisa federal contra el líder minero; legales, movimientos en fideicomiso
La PGR, sin base para proceder contra Gómez Urrutia por lavado de dinero
"En el sindicato no hay prófugos, sino perseguidos", expresa abogado del dirigente
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Napoleón Gómez Urrutia, en imagen de archivo
Foto: Jesús Villaseca
La Procuraduría General de la República (PGR) puso fin a las investigaciones que en materia de delincuencia organizada inició contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, revelaron altos funcionarios de la dependencia federal.
De acuerdo con las versiones obtenidas, las dos indagatorias que quedaban pendientes de concluir por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ya fueron canceladas porque según la versión, no se encontraron elementos de prueba suficientes para acusar a Gómez Urrutia por lavado de dinero y delitos fiscales y financieros, relacionados con transferencias ilícitas vinculadas a un fideicomiso de 55 millones de dólares.
La medida no fue dada a conocer de manera pública por la PGR, pero altos mandos consultados al respecto, revelaron a este diario que el cese de las investigaciones contra Gómez Urrutia, alcanzó también a Gregorio Romo Pérez, mensajero del sindicato minero que fue mantenido bajo arraigo domiciliario por más de 80 días, y que supuestamente había ofrecido información importante para acreditar los ilícitos del dirigente, pero que a la hora de comprobarlas, no se obtuvo nada que sustentara sus afirmaciones.
Romo Pérez fue liberado entre la noche y madrugada del sábado pasado por la SIEDO, en tanto que la determinación de poner fin a las averiguaciones previas contra Gómez Urrutia se habría tomado la tarde de este martes, ya que, de acuerdo con los peritajes practicados, los movimientos financieros del fideicomiso habrían sido legales.
Incluso, de acuerdo con la información obtenida por La Jornada, la querella necesaria para la investigación por lavado de dinero fue presentada ante el Ministerio Público Federal apenas en abril pasado, luego de una reunión del gabinete de seguridad nacional en la que se analizó el enfrentamiento entre policías y mineros en Sicartsa, que dejó decenas de heridos y varios muertos.
Las indagatorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la PGR sólo habrían detectado una transferencia de Gómez Urrutia a la que se le calificó de "irregular", por poco más de 300 mil pesos, pero poco después las indagatorias habrían acreditado la licitud del movimiento.
Asimismo, se habría corroborado que a pesar de que se detectaron cuentas de Gómez Urrutia y su familia por más de 50 millones de dólares en bancos extranjeros, las indagatorias realizadas por la PGR y la SCHP señalan que al menos 48 de los 55 millones de dólares que recibió el ex líder minero por la privatización de las empresas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, se localizan en las cuentas del sindicato, y que de los otros 7 millones de dólares podía disponer a su albedrío. Sin embargo, sólo erogó cuatro de los siete millones de dólares, y todo estaría acreditado documentalmente ante la SHCP.
El cese de las investigaciones ocurre a menos de dos semanas de que a la PGR los jueces noveno y 15 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Sur, de la ciudad de México, le negó dos órdenes de captura.
Sin embargo, contra el líder minero existen seis mandamientos judiciales en igual número de entidades, como Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán, pero por delitos considerados no graves, pues se le menciona como probable responsable de fraude. Existe una petición internacional de detención, pero, de acuerdo con las fuentes consultadas, la defensa de Gómez Urrutia podrá combatirlas mediante amparo para presentar a su cliente ante los jueces que lo reclaman sin que sea detenido, pero garantizando que se sujetará a los procedimientos judiciales pagando una fianza por su libertad.
El cese de las investigaciones en el ámbito federal se da luego de que en marzo pasado el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, aseguró que el ex dirigente era investigado por supuestos delitos financieros y probable lavado de dinero, y rechazar, como había mencionado la Presidencia de la República que Gómez Urrutia había cometido actos "extremos" de corrupción.
Finalmente, este martes, la defensa de Gómez Urrutia envió una carta a la Presidencia, señalando que, "en el sindicato minero no hay prófugos de la justicia, sino perseguidos por un proyecto estratégico de justicia política que consiste en la utilización de las leyes, los procedimientos y las instituciones para procurar e impartir justicia con el fin de desprestigiar, combatir o destruir a quien se considere adversario político".