Son ambiguas, inequitativas y propician corrupción
No se cumplen las leyes porque están mal hechas: especialista
El problema en México de la falta de acatamiento de las leyes radica en lo mal que fueron hechas. Son ambiguas. Propician actos de corrupción. Su complejidad las hace difíciles de interpretar y provoca contradicción de criterios judiciales. También son inequitativas, pues permiten que únicamente quien pueda pagar un buen abogado se vea beneficiado por ellas y, finalmente, toleran que quienes las estudian con el propósito de impartir justicia se escondan en la opacidad de sus resoluciones -amparándose en el derecho que les concede contar con autonomía jurisdiccional- para evitar rendir cuentas a la sociedad.
A esas conclusiones llegó Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) -encargado de la preparación de los agentes del Ministerio Público Federal-, durante una ponencia que presentó ayer al participar en el Congreso internacional de derecho penal, que se efectúa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No hay uniformidad; existen 66 códigos penales y de procedimientos penales
El jurista criticó además la falta de uniformidad de las leyes mexicanas, pues sólo en el país, aseguró, existen 66 códigos penales y de procedimientos penales, además del Código de Justicia Militar. Eso impide una aplicación de la justicia equitativa, pronta y expedita, pues "lo que es delito en un estado en otra entidad únicamente es una falta administrativa".
Laveaga Rendón manifestó que "los académicos coinciden en señalar que las personas obedecen la ley cuando temen ser castigadas por no hacerlo".
Indicó que percibe "cinco causas por las que suele preferirse la componenda -y hasta la violencia- para solucionar un conflicto, antes de acudir a los mecanismos previstos en la legislación: la ambigüedad, la profusión, la complejidad, la inequidad y la oscuridad que caracterizan a nuestras leyes".
La ambigüedad, añadió, no sólo se refleja en las leyes, sino también en las instituciones. "Algunas normas e instituciones no tienen fines o medios bien delineados. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyas resoluciones carecen de carácter vinculatorio; una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que tiene más limitaciones que facultades, o jueces que a discreción aplican la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, según les parezca constitucional o no", puntualizó.
"La gran cantidad de contradicciones de tesis que se ventilan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden darnos idea de la magnitud del problema que representa la ambigüedad de éstas", añadió.
Sobre la segunda causa, Laveaga sostuvo que "la abundancia de trámites genera todas las condiciones para que gobernadores, delegados y presidentes municipales cobren por su agilización. La profusión de nuestras normas deviene en procesos larguísimos, rezago y más corrupción".
Añadió que aun cuando éstas pudieran no ser ambiguas y existieran en número adecuado, "en muchos casos llegan a resultar excesivamente complejas e ininteligibles".
Disposiciones con el claro propósito de aplicar la ley de manera desigual
Para explicar la inequidad de las normas, Laveaga refirió que existen múltiples disposiciones jurídicas que "fueron concebidas con el claro propósito de aplicar la ley de manera inequitativa. El caso más notable de desigualdad lo tenemos en el principio de la fórmula Otero: quien cuenta con más recursos financieros y puede pagar un buen abogado, logra evitar que se le cobren impuestos o se le envíe a prisión tramitando un amparo. Quien no, acaba pagando el impuesto o condenado a una pena corporal".
Finalmente, indicó que "la oscuridad no es algo inherente a nuestros ordenamientos jurídicos, sino algo que se genera a partir de una carencia: de la obligación de que generen, apliquen y diriman controversias a la luz pública. Impulsar la transparencia y la publicidad de los juicios tiene una razón de ser: se busca obligar a policías, agentes del Ministerio Público y jueces a rendir cuentas, en términos legales. No únicamente ante su superior, sino ante la sociedad en su conjunto. Si cada uno de estos funcionarios sabe que tendrá que salir ante la opinión pública en determinado plazo, se verá obligado a presentar resultados".