Condenan otro accidente en instalaciones de Coahuila
Salazar Sáenz ignora seguridad de trabajadores, acusan mineros
El secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, actúa por encima de la ley, no ha respetado en absoluto la legislación y la normatividad laboral y extiende tomas de nota "a voluntad" para desconocer o reconocer dirigentes sindicales a modo; además, ha olvidado que una de las principales responsabilidades de la dependencia es la vigilancia de las condiciones de trabajo, sobre todo en zonas de riesgo para los obreros como las minas, sostuvo ayer el sindicato minero.
Al condenar el accidente ocurrido ayer en otra mina de Coahuila, esta organización señaló que el encargado de la política laboral en México está más dedicado a continuar una persecución política contra su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, que en inspeccionar y verificar la situación de las condiciones de trabajo de los mineros.
En nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el secretario de asuntos políticos, Carlos Pavón, planteó que si Salazar Saénz se hubiera sujetado a los principios constitucionales y a la ley, en estos momentos no existiría el conflicto minero y los miles de trabajadores del sector que están en paro o huelga, estarían laborando.
Afirmó que "cuatro secretarios de Estado, el Procurador General de la República, los gobernadores de Michoacán y Sonora, seis procuradurías estatales e igual número de jueces de consigna, el Congreso del Trabajo, el Partido Acción Nacional, Elías Morales, una agencia de espionaje y dos de publicidad, todos al servicio de Grupo México y Grupo Villacero, no han podido resquebrajar la unidad de los agremiados en activo del sindicato minero, que permanecen en pie de lucha en defensa de su autonomía sindical y su dignidad obrera".
Señaló que esta organización exige a la Presidencia de la República que también se sujete a la ley "al ingeniero químico Francisco Javier Salazar Sáenz", quien es un servidor público que actúa al margen de la ley, abandonó su función conciliadora, imparcial y vigilante de las buenas relaciones obrero patronales en el país.
En un escrito dirigido al vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, expone que en este gremio no hay prófugos de la justicia sino perseguidos por un proyecto "que consiste en la utilización de las leyes, los procedimientos y las instituciones para procurar e impartir justicia con el fin de desprestigiar, combatir o destruir a quien se considere un adversario político".
Por su parte, Jorge Pulido, subdirector de relaciones comerciales del Grupo Industrial México, señaló ayer que la empresa "está dispuesta a parar los trámites de cierre de la mina La Caridad", si antes de que concluya este mes el gobierno de Sonora logra negociar con los trabajadores la reapertura de las instalaciones. Indicó que actualmente han perdido ventas por 270 millones de dólares en cobre, es decir, un promedio de 3 millones de dólares diarios.
En tanto, el sindicato insistió que todo es un plan empresarial para deshacerse de un líder sindical que no opera a su modo e incluso, afirmó, que "aprovechando la sumisión de algunos jueces en distintas entidades federativas y la obediencia incondicional de varios procuradores y gobernadores estatales, el gobierno federal instrumenta acciones penales en contra de varios miembros del comité ejecutivo nacional del sindicato nacional de mineros".
En esta lucha de las empresas Grupo México y Grupo Villacero en contra del sector minero, metalúrgico y siderúrgico del país, Rubén Aguilar Valenzuela ha dejado de ser un empleado más del Presidente para convertirse en vocero de los empresarios, sin importarle poner en riesgo a la industria, acotó.