Hay responsables
Muchos analistas nos dicen a diario que no hay que preocuparse, que esta campaña de zancadillas, bajezas, calumnias y verdades a medias no tiene por qué alarmarnos, que nada apocalíptico ocurrirá el 3 de julio, que muy pocas elecciones conducen al enfrentamiento y a la violencia. Ojalá así sea, pero la verdad es que no tenemos tanta experiencia en elecciones competidas y no deja de ser preocupante la escalada brutal de agresiones, particularmente a través de la televisión; también es cierto que una sociedad dividida puede no estallar al término de los comicios, pero en muchos ejemplos históricos unas malas elecciones han tenido tremendas consecuencias, inclusive en sociedades bastante consolidadas como Chile o España en su momento. Para que una cosa así no nos suceda es preciso localizar los errores y tratar de enmendarlos. En el proceso electoral de nuestro país no todos tenemos las mismas responsabilidades; hay tres instancias que han funcionado pésimamente.
El Instituto Federal Electoral, en primer lugar: no es posible que el árbitro más importante se haga de la vista gorda ante la difamación y las calumnias, dejar hacer y dejar pasar, como si en el futbol, para sumergirnos en lo de hoy, fuera aceptable que unas faltas se pagaran con otras, sin detener el juego sucio, porque sabemos de sobra que lo que así comienza termina en batalla campal.
No es cierto que intervenir sea alterar la libertad de expresión, como dijeron muchos analistas en el momento en que AMLO argumentó que él no era un peligro para México, o cuando sus adversarios le reclamaron el "cállate, chachalaca", o cuando el Presidente de la República provocó que así lo llamaran, por su militancia matraquera. No es posible, tampoco, que a 10 días de los comicios se descubra que el padrón tiene irregularidades, cuando hace ya varios meses que los partidos vienen desconfiando de su limpieza, y que se nos diga que la ONU lo garantiza, en lugar de poner el padrón en la vitrina y disipar las suspicacias que están encontrando fundamento.
Los dos gigantes de la televisión, en segundo lugar. El asunto es grave: este par se está embolsando una parte obscena de los impuestos que pagamos y que estaban supuestamente destinados a mejorar la calidad de nuestra "democracia". No hay que aburrir con las cifras, sólo recordemos que de los 16 mil millones de pesos destinados este año a las elecciones (comparable con el presupuesto de la UNAM), 70 por ciento terminará en los bolsillos de las dos televisoras, sin contar con las asignaciones privadas durante las campañas, que son muy difíciles de contabilizar, y la propaganda de precampaña, que no ha estado sujeta a controles de ninguna clase y que algunos calculan en el doble de lo mencionado.
Por eso en México cada voto registrado costará, en las elecciones de 2006, la exorbitante suma de 17.2 dólares, mientras que en Japón es de 5.2, en Costa Rica 3.3, en Francia 3.1 y en Chile 0.4 (Reforma 19/8/05). Se podría argumentar que si se trata de un producto bueno no hay por qué no pagarlo. Pero justamente el asunto es que por las características de la televisión y la "libertad" del zaping, son privilegiados los mensajes concisos y encapsulados y su impacto está en relación directa con su grado de violencia.
Terminamos así pagando una millonada para alentar los bajos instintos. Por esto en algunos países europeos el empleo de la televisión en las campañas políticas está limitado. Las instancias reguladoras compran una cantidad de tiempo con tarifas acordadas por ser un servicio público y lo reparten entre los contendientes. Cada uno de ellos sabrá si lo usa para ofender o para proponer, pero el empleo de ese medio está limitado. Con base en ello resulta un sinsentido que el presidente Fox, al inicio de su gestión, haya devuelto a los medios 12.5 por ciento de tiempo aire a que tenía derecho la ciudadanía (que constituía por lo demás un pago de impuestos).
No cabe duda que nos estamos moviendo en una mecánica perversa: puesto que siempre hay un candidato más arriba que otro, los señores de la televisión (y los de las encuestas, que están en el mismo negocio) venden la esperanza de mejorar posiciones, los contendientes invierten hasta la camisa (con todos nuestros impuestos y con más, hasta entregar su alma al narco), y para dar un fuetazo a esta dinámica se organizan tantos debates como sea posible, buscando reacomodar con propaganda y encuestas las posiciones y lanzar en repique las cajas registradoras.
En tercer lugar están los legisladores. Resulta un sinsentido que hacia el final de su sexenio Fox y todos los partidos políticos hayan votado favorablemente la llamada ley Televisa, una legislación que favorece a los más poderosos intereses al poner a subasta nuevos espacios y canales, mientras limita, vigila y castiga a las radios o televisoras comunitarias. Pocos legisladores se arriesgan a verse proscritos por la televisión, ese medio sin el cual la política no vale nada, así que los perredistas, viendo perdida la votación, prefirieron no arriesgarse, no dar pretextos a los magnates de la pantalla chica para castigarlos y vetarlos.
Ojalá y todo esto pudiera detenerse, recordar que la democracia es opuesta a los feudos y a los monopolios y que si seguimos engordando a los gigantes mediáticos y a esta espiral de injurias y dineros mal habidos nos vamos a matar.