Prudencia, pide el Tribunal Electoral
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Leonel Castillo González, advirtió que sólo una situación extrema de violencia generalizada, guerra civil o epidemia (que impidiera a la mayoría de los ciudadanos acudir a las urnas) podrían ser elementos para pensar en anular la elección del 2 de julio.
Aun cuando el margen entre las diversas fuerzas políticas fuera muy cerrado, inclusive con algunas decenas de votos de diferencia, el TEPJF dirá la última palabra sobre quién es el ganador. ''Si la gente está bien consciente de eso no pensará que hay ningún asalto al resultado'', dijo el magistrado.
Es por ello que hizo un llamado a todos los actores involucrados -ciudadanos, partidos y al Presidente de la República- para que actúen con ''prudencia'', en atención a que la información difundida el día de la jornada electoral constituirá únicamente la de tendencias y resultados preliminares.
Ante la discusión sobre quién y dónde informará a la nación las tendencias de los comicios, el magistrado consideró que ello tiene un ''menor impacto'', porque el resultado final estará para entonces todavía pendiente. ''Ahí es donde veo la manera de minimizar los riesgos de posibles protagonismos...quizá lo más importante no sea quién debe dar el resultado (el domingo 2 de julio), sino cuál es el último, el válido, el definitivo, el inatacable'', dijo. La ley vigente no prevé causas específicas de nulidad de la contienda -salvo los casos de eliminación de validez en casillas en lo particular-, y tampoco especifica causales de este tipo en torno a la elección presidencial.
La autoridad electoral contó con nueve meses para la preparación de la contienda, entonces ''es obvio que (la nulidad) sería muy difícil en un país donde no estamos en guerra civil, no tenemos una epidemia o una epizootia que nos tenga postrados''. Castillo González se comprometió a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedaración hará ''los esfuerzos máximos'' para calificar la elección antes del 6 de septiembre, fecha máxima que prevé la ley.