Descartan que esos extranjeros intenten dañar la seguridad nacional en su paso a EU
Urge ley de defensa a indocumentados centroamericanos, señalan obispos
Villahermosa, Tab., 22 de junio. Las conferencias episcopales de México, Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador cuestionaron al gobierno foxista por carecer de una ley migratoria que garantice la protección de centroamericanos indocumentados que utilizan este territorio como paso para llegar a la nación del norte.
Como ya hicieron con las autoridades estadunidenses, esta vez le remarcaron a las mexicanas que esos extranjeros, con su ingreso en el país "no intentan dañar la seguridad nacional".
Sin embargo, "son tratados duramente por las leyes nacionales y algunas de sus autoridades, pues son detenidos y mantenidos en condiciones deplorables". Urgen, por tanto, leyes en favor de sus derechos humanos y que les brinden un estatus legal, resaltaron.
El obispo representante de la conferencia de Estados Unidos, Gerald Barnés, enmarcó con sus palabras el pesar que sintieron los representantes de la Iglesia católica al comprobar cómo desde México inician las vejaciones para guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y migrantes de otras nacionalidades.
"Lo que llevan de aquí es sufrimiento", el cual empieza desde el momento en que pretenden abordar trenes de carga hacia Tierra Blanca, Veracruz, para de allí continuar con su éxodo, bajo el riesgo de muerte o mutilaciones. Además, son "atacados por delincuentes; los roban, los matan, han violado a sus mujeres".
Tras tres días de trabajos en esta capital para profundizar sobre el fenómeno de la migración, pero incorporando en sus demandas de reformas integrales en la materia a las conferencias episcopales de Costa Rica y El Salvador, los jerarcas católicos emitieron un mensaje en el que condenaron la actitud del gobierno mexicano.
"Hemos constatado que los migrantes de Centroamérica que vienen cruzando por México en un intento por alcanzar Estados Unidos, siendo objeto de explotación y abuso por parte de quienes se dedican al tráfico de migrantes y a la trata de personas, a la vez son tratados duramente por las leyes mexicanas y algunas de sus autoridades. Son detenidos y mantenidos en condiciones deplorables"; es decir, "no existe una ley de protección que mantenga su seguridad durante su tránsito".
Resaltaron que la situación en la frontera sur "no difiere de las de otras partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Las personas que emigran lo hacen con el propósito de mantener a sus familias y no intentan dañar la seguridad nacional de México o la estadunidense". Pero "hoy atestiguamos que sus derechos y su dignidad no son suficientemente respetados".
Por eso, planteó el obispo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ricardo Watty, se requiere la promulgación de leyes que protejan los derechos humanos de los migrantes y les provean de un estatus legal.
"Exhortamos a nuestros gobiernos a afrontar las causas principales que provocan la migración en esta región, incluyendo la desigualdad económica, así como establecer una más efectiva cooperación para erradicar las redes de tráfico de migrantes y contrabando de personas en la zona."
A su vez, el presidente de la comisión episcopal para la Movilidad Humana, Renato Ascencio, recordó que en la Cámara de Diputados se cuenta con una iniciativa de ley "que esperamos no duerma el sueño de los justos", a propósito del cambio de gobierno.
Aunque no quiso profundizar sobre el contenido de dicho proyecto, coincidió con el prelado de Villahermosa, Benjamín Castillo Plascencia, en la necesidad de discutir sobre el estatus que se les debería brindar a los centroamericanos en México. Tal vez, asentó, como trabajadores temporales, pero respetando sus derechos humanos y eliminando las vejaciones que actualmente sufren hasta por elementos del Instituto Nacional de Migración.
Ante el riesgo de que Estados Unidos endurezca aún más su política migratoria, el obispo Castillo Plascencia recomendó al gobierno mexicano no esperar "el rebotadero" de migrantes desde ese país vecino, sino empezar a trabajar en el tema.
"Si se abre la puerta al estatus legal no habrá discusiones sobre bardas, el involucramiento del ejército (para proteger fronteras) y evitaremos que los migrantes continúen exponiéndose a los ríos", aseveró.