Lo que antes censuraban al PRI se ha vuelto práctica común en estados y municipios
Sistemática violación de normas electorales en gobiernos del PAN
La Fepade ha recibido más de 300 denuncias, principalmente por compra y coacción del voto
Ampliar la imagen El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Garrido Patrón (al centro), durante una entrega de obras del Programa de Apoyo Comunitario, pese a la recomendación de suspenderlo para acatar la tregua electoral Foto: Demián Chávez
Los panistas, que solían censurar las prácticas priístas de coacción y compra del voto mediante dádivas y obras de gobierno, son ahora los que recurren con más frecuencia a esas maniobras en estados y municipios.
Entre las numerosas denuncias por presuntos delitos electorales destacan las interpuestas contra los gobiernos de Querétaro, Yucatán y Tlaxcala, encabezados por los panistas Francisco Garrido Patrón, Patricio Patrón Laviada y Héctor Ortiz, respectivamente, quienes, a decir de sus opositores, han violado la tregua que les prohíbe promover obras de gobierno 40 días antes de los comicios, y se han dedicado a entregar los fondos públicos que guardaron para este momento.
María de los Angeles Fromow Rangel, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que la mayoría de las más de 300 denuncias formales que se han presentado ante dicha instancia corresponden a compra y coacción del voto, además de posibles desvíos de recursos por parte de servidores públicos.
Ni el presidente Vicente Fox escapa a estas denuncias, pues representantes de PRI, PRD y PT aseveran que la gira que este viernes realizará a tres municipios queretanos, donde inaugurará obras inconclusas, tendrá fines electorales y viola el acuerdo de neutralidad, pues es una forma de inducir el voto.
El vocal ejecutivo del Instituto federal Electoral (IFE) en Querétaro, Jesús Lule Ortega, reconoció que el gobernador Francisco Garrido Patrón ha violado el acuerdo de neutralidad. Por ello, la Junta General del organismo lo exhortó a respetar el pacto y le advirtió que vigilará que lo haga.
La principal denuncia contra el gobernador se debe a que en junio intensificó la entrega de obras del Programa de Acción Comunitaria (drenaje, agua, energía eléctrica y pavimentación o empedrado en zonas marginadas), y materiales de construcción, como láminas, cemento y tinacos en la sierra queretana.
Otro gobernador panista acusado de hacer campaña con recursos públicos es el de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, a quien el dirigente estatal del PRI, Carlos Sobrino Sierra, acusó ante la Junta Local del IFE y la Fepade de ''bloquear'' mítines y destruir propaganda de los candidatos a diputados y senadores de la Alianza por México en municipios rurales.
El priísta también acusó a Patrón Laviada, a su esposa, la directora del DIF estatal, Silvia Cicero Cáceres, y al PAN, de preparar una ''elección de Estado'' al disponer del erario para distribuir becas, regalos y otras dádivas para coaccionar el voto a favor de los abanderados panistas a senadores y diputados.
Hay una demanda más porque Patrón Laviada visitó el 3 de junio Tuxpan, Veracruz, donde apoyó la candidatura de su primo Iñigo Laviada, quien busca una diputación. Patrón argumentó que no fue como mandatario, sino ''en calidad de pariente''.
En Tlaxcala, la candidata a diputada federal de la Alianza por México, Anabell Avalos Zempoalteca, localizó dos bodegas con miles de bicicletas pintadas de azul y blanco, del programa Ayúdame a Llegar, impulsado por la Fundación Vamos México, las cuales presuntamente son usadas por el gobierno de Héctor Ortiz para coaccionar el voto en favor de los abanderados panistas. Por esos hechos, Avalos promovió sendas denuncias ante la fiscalía electoral.
En Guanajuato, el PRI ha acusado a gobiernos panistas de repartir despensas y condicionar programas de los tres niveles de gobierno a cambio de seguir votando por Acción Nacional. También se ha detectado que los candidatos de ese partido usan mobiliario, equipo y personal de la administración pública.
En Sinaloa, Lorena García Garibay, María de los Ángeles Medrano Corrales y Martha Loreto Domínguez Millán, beneficiarias del programa Oportunidades, enviaron en mayo sendas cartas a la Junta Local del IFE para denunciar que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social los han amenazado con retirarles los apoyos si no votan por el candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón.
El director de Oportunidades en Sinaloa, Gustavo Soto Portillo, negó las amenazas y prometió investigar las denuncias.
El PRD mexiquense presentó una denuncia penal y una administrativa contra el alcalde con licencia de Tlalnepantla y candidato a senador Ulises Ramírez, a quien acusa de haber otorgado a funcionarios de alto nivel y asesores del ayuntamiento bonos que terminaron en las arcas del PAN para financiar la campaña de Felipe Calderón y de los candidatos al Senado.
Del lado de los priístas, 13 funcionarios de Matamoros, Tamaulipas, encabezados por el edil Alfredo Cortez Elizondo han sido demandados ante la Fepade por participar en recorridos y actos públicos de los candidatos de la Alianza por México a diputados federales y al Senado, informó Jorge Reyes Silva, dirigente municipal del PAN.
En Quintana Roo, la coalición Por el Bien de Todos presentó ante el IFE siete quejas, todas contra el PRI o gobiernos priístas del estado y municipios. La más importante es por un presunto desvío de recursos del gobierno estatal y de ayuntamientos para aportar 60 millones de pesos mensuales a las campañas de los candidatos de la Alianza por México (PRI-PVEM).
La queja incluye a los alcaldes de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, así como al oficial mayor, Víctor Viveros.
Entre las denuncias que el PRI y el PAN han interpuesto ante la Fepade contra candidatos perredistas y el gobierno de Zacatecas, encabezado por Amalia García, destaca una por la supuesta compra de 28 toneladas de cemento para repartirlas con fines proselitistas en el municipio de Moyahua, pero que por un aparente error del transportista fue entregado en la presidencia municipal y no en las oficinas del PRD.
Abundan las denuncias por destrucción de propaganda, reparto de despensas y promoción de obras públicas en anuncios donde aparece la imagen de los gobernantes. Las pruebas son videos, fotografías y recortes de periódicos, entre otras.
David Carrizales, Hugo Martoccia, Javier Valdez, Julia A. Le Duc,
Martín Diego, Israel Dávila, Mariana Chávez, Carlos Camacho, Luis A. Boffil, Gerardo Flores, Jesús Narváez, Miroslava Breach, Rubén Villalpando y La Jornada de Oriente