Editorial
El IFE y los espots
"Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales", señala el artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Pese al sentido inequívoco de la ley, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha venido difundiendo en medios electrónicos, desde el pasado 17 de junio, un anuncio en el que llama a los ciudadanos a dar su sufragio a las fórmulas electorales que ofrezcan mantener el modelo económico vigente.
"Apostarle a algo distinto es retroceder", machaca el espot del CCE, lanzado en un entorno de campañas en el que el candidato presidencial oficial, Felipe Calderón Hinojosa, ofrece conservar la estrategia neoliberal vigente en el último cuarto de siglo, en tanto que su adversario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, propone dejar atrás ese modelo que, en opinión de José Luis Barraza, presidente del CCE y promotor principal y visible del anuncio, ha propiciado "estabilidad macroeconómica".
Independientemente de que el sometimiento al consenso de Washington haya provocado también una concentración insultante de la riqueza y una fractura social en el país entre un puñado de favorecidos y un enorme sector de pobres y miserables, el hecho insoslayable es que la propaganda del CCE constituye una descarada promoción del voto a favor de Calderón Hinojosa y un intento de desalentar el sufragio por López Obrador, y que ambas acciones transgreden el marco legal que norma los procesos electorales en el país.
Ante tal circunstancia, tendría que ser de obvia necesidad la intervención de la autoridad encargada de hacer cumplir el Cofipe, que es el Instituto Federal Electoral (IFE). Este, sin embargo, ha sido incapaz de poner en orden a la cúpula empresarial referida; el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, se ha limitado a dirigir a los empresarios tímidos y obsecuentes "llamados a la prudencia". Ayer, en el colmo de la incongruencia, el funcionario tuvo a bien recordar al CCE el cierre del plazo (las 24 horas de hoy) para emitir espots que "orienten" el voto, disposición contenida en el artículo 190 del código mencionado que rige exclusivamente para los partidos políticos, toda vez que ningún organismo de otra clase está facultado para hacer proselitismo publicitario, ni antes ni después de esa fecha.
Otro ejemplo deplorable de la parcialidad del árbitro electoral es su decisión de presentar, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una denuncia "contra quien resulte responsable" por el uso indebido del padrón electoral por parte de los partidarios de Calderón Hinojosa, hecho que fue dado a conocer anteayer y que tiene responsables materiales evidentes: quienes programan y operan las páginas web del candidato presidencial panista. Una tercera muestra de la pusilanimidad del IFE es su incapacidad para hacer cumplir sus propias resoluciones que ordenan el retiro de anuncios propagandísticos difundidos por el "Centro de Liderazgo Humano", membrete calderonista, en los que se compara a López Obrador con Hugo Chávez. A cinco días de las elecciones, según admitió el propio Ugalde, no sólo siguen transmitiéndose los espots referidos, sino que se ha hecho circular un tercero, y la autoridad electoral se limita a "analizar" posibles sanciones jurídicas.
El IFE actual habría podido superar su falta de legitimidad de origen (hay que recordar que su composición fue acordada en una negociación entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, en una maniobra que excluyó a los otros partidos), pero no ha hecho más que acrecentarla. Su falta de voluntad o de capacidad para hacer cumplir la ley, así como su sometimiento a los excesos y transgresiones de la publicidad oficial la de Los Pinos y el resto del gobierno federal y de la oficialista la del PAN, la del CCE, la del membrete referido, atentan contra la credibilidad y la autoridad del organismo, atributos que resultarán cruciales el domingo próximo. En este sentido, el principal autor de las descalificaciones contra el IFE es el propio Instituto Federal Electoral.
En los comicios del 2 de julio el país habrá de echar en falta un árbitro electoral coherente, firme e independiente más allá de toda duda, como el que condujo los comicios de hace seis años. Para suplir esa carencia y compensar la irresponsabilidad de las actuales autoridades electorales, los electores deberán recurrir a su propio sentido cívico: resistir las tentaciones de la abstención y acudir a las urnas de manera consciente, ordenada y pacífica; rechazar con tranquilidad eventuales intentos por torcer su veredicto ciudadano, participar en el proceso con espíritu republicano y convicción democrática y, sobre todo, respetar escrupulosamente los ordenamientos legales y ofrecer, en este sentido, una lección y un ejemplo a los funcionarios que no han sido capaces de hacer otro tanto.
Resultan sorprendentes por partida doble las reacciones de buena parte de los medios informativos y de los informadores ante la revelación realizada el pasado lunes por Carmen Aristegui en su noticiario radiofónico Hoy por Hoy, en el que dio a conocer la incorporación del padrón electoral en un sitio de Internet del candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa. La nota, documentada y verificada, resultó confirmada de inmediato por la rápida desactivación de la página correspondiente medida que sólo puede explicarse como la reacción de alguien que fue pillado con las manos (no muy limpias) en la masa, y ha sido validada, así sea con tibieza y escasa determinación, por la denuncia de hechos presentada ayer mismo por el Instituto Federal Electoral (IFE).
Sin embargo, entre anteayer y ayer, y a pesar de su relevancia, la información correspondiente fue sistemáticamente minimizada y hasta ignorada por la mayor parte de los medios electrónicos e impresos, como si la utilización indebida de la base de datos de los electores por un partido político no confirmara señalamientos formulados con anterioridad sobre posibles vínculos indebidos entre el Registro Federal de Electores y las empresas del entorno de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón Hinojosa, y como si el manoseo de los datos personales asentado en el padrón no constituyera una indebida y peligrosa vulneración de la privacidad de los ciudadanos.
Al ninguneo del trabajo de Aristegui siguió la descalificación, la burla y el denuesto por parte de buen número de sus propios colegas, más interesados, al parecer, en el canibalismo profesional que en la tarea de aportar información a la sociedad.
No hay nada más desinformador que hacer escarnio de una tarea periodística bien realizada, y en esa medida las inopinadas críticas a la informadora contravienen normas básicas del oficio y de la ética en general. Resulta obligado preguntarse, finalmente, si tales reacciones obedecieron a la simple mezquindad y la envidia personales ante un impecable acierto informativo ajeno, o si buscaban, más allá de la descalificación a una colega, desviar la atención de los hechos que Carmen Aristegui hizo del conocimiento público en su programa del pasado lunes.