Denuncian activistas que los manantiales han perdido 50 por ciento de su capacidad
Depredación criminal de ecosistemas degrada calidad de vida en Morelos
Activistas y organizaciones ecologistas advirtieron que ante la radical transformación en el uso de suelo en el agro nacional, la creciente corrupción para favorecer la comercialización de la tierra y el acelerado proceso de degradación de bosques, ríos, manantiales y acuíferos, "es necesario frenar el sistema de explotación depredadora de los recursos naturales, pero también se debe iniciar la lucha para preservar formas de vida milenarias y reivindicar el derecho a una vida digna".
Tras realizar un recorrido por las comunidades de Morelos más afectadas por problemas de contaminación de mantos acuíferos, depredación de tierra fértil, destrucción de bosques y selvas, construcción de tramos carreteros en zonas protegidas y crecimiento descontrolado de unidades habitacionales, aseguraron que sólo los procesos comunitarios de resistencia en los que se integre la participación de todos, "podrá enfrentar un proyecto de explotación no sólo ambiental, sino social".
Campesinos de las comunidades de Xoxocotla, Alpuyeca y Zacatepec, quienes participaron en la Primera Caravana Ciudadana de Monitoreo Ambiental de esa entidad, señalaron que la devastación de las tierras de cultivo y la contaminación de manantiales y acuíferos está acabando "con lo poco que quedaba, por eso todos vemos con tristeza que nos están robando el agua que no sólo tenemos en concesión y de la que han vivido nuestras comunidades por varios siglos, también la contaminan y sobrexplotan".
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, que agrupa a 12 comunidades del estado, denunciaron que el manantial conocido como Chihuahuita, que abastece a 70 mil habitantes, ha perdido 50 por ciento de su capacidad debido a la extracción excesiva del líquido, por la construcción de 10 mil casas GEO en la zona.
Tan sólo en Xochitepec, las constructoras edifican miles de viviendas sobre el lecho del río Apatlaco, que es zona de protección federal, "incumpliendo con toda normatividad y sin presentar ningún estudio de impacto ambiental".
A esto se suma, aseguraron, la perforación de pozos de agua de la planta de Cementos Moctezuma, que afecta directamente el caudal del Chihuahuita, del que se abastecen 12 comunidades, tanto para el consumo de agua potable como para la irrigación de sus campos de cultivo.
Alpuyeca, foco rojo
Andrés Barreda, miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, aseguró que la "depredación criminal" del suelo fértil, el deterioro de ecosistemas y la creciente contaminación de cuerpos de agua superficiales es un fenómeno que afecta a toda la entidad, pero en localidades como Alpuyeca "se vuelve un foco rojo de inestabilidad, no sólo ambiental, también social, porque sus efectos no se limitan a la degradación del entorno, sino a la calidad de vida de sus pobladores".
Ubicado en el municipio de Xochitepec, Alpuyeca, con más de 7 mil habitantes, es punto de cruce de la carretera Siglo XXI, el llamado Arco del Sur, y del libramiento poniente de Cuernavaca, donde la constructora GEO edificó 10 mil viviendas.
En esa misma localidad se denunció, desde enero de 2005, la ubicación de un confinamiento clandestino de una de las sustancias químicas más peligrosas del planeta, los bifenilos policlorados, altamente cancerígenos y no degradables, en un terreno de aproximadamente 50 mil metros cuadrados.
Además, desde hace 30 años, opera a las afueras de la comunidad uno de los principales basureros a cielo abierto de la entidad, conocido como tiradero de Tetlama, ubicado a tan sólo dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco.
El tiradero, además de ser un foco de infección dicen los pobladores, también carece de infraestructura básica para operar, como agua potable, electricidad, drenaje, servicios sanitarios, franja de amortiguamiento de un mínimo de 10 metros, servicio médico, caminos interiores en buenas condiciones, cerca perimetral, caseta de vigilancia y control de acceso y báscula, por lo que han solicitado su cierre definitivo.