Notable celeridad de la SIEDO para interrogar al ex secretario de Finanzas del GDF
Ponce frustra intento panista para acusar al PRD de financiar ilegalmente campaña
La Procuraduría General de la República (PGR) procedió con notable celeridad: a menos de diez días de que la dirigencia nacional del PAN denunciara la posible utilización de financiamiento ilícito en la campaña del perredista Andrés Manuel López Obrador, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) interrogó ayer en el penal de máxima seguridad de La Palma al ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Gustavo Ponce Meléndez.
Sin embargo, el ex funcionario capitalino hizo uso de su derecho constitucional a no declarar, y rechazó ratificar ninguna de las acusaciones relacionadas con presunto financiamiento ilegal a la campaña de la coalición Por el Bien de Todos.
Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que a raíz de la denuncia penal que interpuso el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, José Espina von Roehrich, la cual ratificó apenas el pasado 20 de junio, la SIEDO elaboró un cuestionario de más de 70 preguntas relacionadas con las actividades desarrolladas por Claudia Sheinbaum, Joel Ortega, Marcelo Ebrard, Alberto Pérez Mendoza, Nicolás Mollinedo, Octavio Romero Oropeza y César Yáñez Centeno.
Lo anterior, en razón de que presuntamente los funcionarios y ex funcionarios del GDF antes mencionados apoyaron con fuentes del financiamiento ilegal la campaña de López Obrador mediante la adjudicación directa de contratos con sobreprecio para la construcción de distintas obras viales en la ciudad de México, como son los distribuidores viales y el segundo piso del Periférico, o también con obras como el Metrobús.
Ayer por la tarde, el CEN del PAN dejó entrever que por la noche Ponce Meléndez haría "importantes revelaciones" desde el penal de La Palma.
De acuerdo con los datos obtenidos, para la PGR era necesaria (tal como lo solicitó la dirigencia panista en su denuncia), que Ponce Meléndez declarara en torno al supuesto cobro de cuotas de protección a los taxis pirata, actos de extorsión a propietarios de los llamados giros negros y la obtención de recursos de grupos de vendedores ambulantes y dádivas por la asignación irregular de créditos para vivienda a organizaciones perredistas. Lo anterior, según información revelada hace tres semanas por un diario de circulación nacional.
Esta es la segunda ocasión en la que personal de la PGR trata de obtener declaraciones de Ponce Meléndez que involucren a López Obrador en actos ilícitos, al igual que a algunos de los que fueron sus más cercanos colaboradores.
El 20 de junio de 2005 quedó en entredicho una de las principales pruebas testimoniales con que contaba la PGR para lograr una sentencia condenatoria contra el ex perredista René Bejarano Martínez, acusado de lavado de dinero, luego de que Gustavo Ponce se retractó ante un juez federal de una declaración ministerial efectuada en 2004, en la que dijo tener conocimiento de que el ex asambleísta extorsionó con 11 millones de pesos al empresario Carlos Ahumada Kurtz a cambio de supuestos "favores personales". Ponce Meléndez se retractó en esa ocasión, según fuentes oficiales, debido a un "incumplimiento" de "altos funcionarios de la PGR" que se habían comprometido con el ex secretario de Finanzas a "favorecerlo" ante tribunales, en caso de que mencionara en su primera declaración que Bejarano extorsionó a Ahumada, y a cambio de que, en determinado momento, Ponce incriminara a López Obrador, ex jefe de Gobierno capitalino, en presuntos actos de corrupción.