Persiste el riesgo de abstencionismo elevado, por guerra mediática y de acusaciones

Candidatos a la gubernatura de Morelos no convencen a electores

El PAN, debilitado por las denuncias contra Estrada Cajigal y el aspirante panista a sucederlo

JOSE GALAN ENVIADO

Cuernavaca, Mor., 28 de junio. El estado de Morelos enfrenta las elecciones de gobernador más competidas de su historia, luego de una reñida campaña electoral que, como en el resto del país, ha estado plagada de denuncias, abuso de recursos públicos, guerra de anuncios en medios electrónicos y la incapacidad de los candidatos de convencer a un gran porcentaje de indecisos que amenazan, como hace seis años, con un abstencionismo de 50 por ciento.

Los problemas internos en los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como el predominio del grupo llamado la sagrada familia en Acción Nacional (PAN), no han contribuido para generar confianza entre los electores, que han preferido entretenerse con los problemas del candidato panista Marco Antonio Adame con sus familiares incómodos: su hermano José Luis y su sobrino Luis Daniel, quienes en abril pasaron de ser acusados de robo de vehículo a acusadores de los policías que los detuvieron, a los cuales mandaron a la cárcel en contubernio con las autoridades judiciales estatales.

Este domingo, a seis años de que el PRI perdiera la gubernatura a manos del PAN, los morelenses elegirán mandatario, 33 presidentes municipales y 18 diputados de mayoría relativa, más 12 de representación proporcional. La lista nominal tiene un millón 175 mil 545 electores.

Además de Adame Castillo, del PAN; Fernando Martínez Cué, de la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), y de Maricela Sánchez, de la Alianza Por México (PRI-PVEM), también contienden Víctor Héctor Benítez Quintero, ex dirigente de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por Nueva Alianza, y el abogado Eduardo Brito Gómez, de Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Estos dos últimos no reúnen juntos ni uno por ciento de la intención de voto.

Los cinco buscan suceder al panista Sergio Estrada Cajigal, quien llegó a la gubernatura montado en la popularidad del entonces candidato presidencial Vicente Fox Quesada y ha encabezado una administración controvertida, calificada de frívola e insensible por la oposición. En 2004 el Congreso local promovió un juicio político en su contra por su presunta relación con el narcotráfico, y por propiciar ingobernabilidad y un conflicto entre los poderes de la entidad.

El litigio se prolongó prácticamente todo ese año, y en 2005, luego de controversias constitucionales interpuestas tanto por legisladores locales como por el propio gobernador, éste finalmente fue sostenido en el puesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el desgaste político fue suficiente para impulsar al PRI y al PRD, que en las precampañas enfrentaron sus propios problemas. En el primer caso, Maricela Sánchez se impuso a Juan Salgado Brito y obtuvo la candidatura a la gubernatura en un proceso que generó un desgaste interno y finalmente llevó a un rompimiento entre la candidata y el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que no ha apoyado su campaña.

Por su parte, Fernando Martínez Cué, empresario y ex diputado federal del PAN, fue electo candidato de la coalición Por el Bien de Todos después de que Graco Ramírez Garrido y Fidel Demédicis Hidalgo, líderes de las dos principales corrientes perredistas locales, acordaron lanzar una candidatura de unidad y entregarle al ahora ex precandidato a la gubernatura y ex procurador de Justicia estatal, Hugo Bello Ocampo, la segunda posición en la fórmula para el Senado de la República por la entidad.

Marco Antonio Adame trabajó su candidatura al estilo panista desde que era diputado federal, es decir, desde dentro y en silencio, para lograr el favor de lo que en los medios políticos locales se conoce como la sagrada familia, el grupo de notables que trabajan por el PAN en el estado desde hace muchos años, compuesto por Adrián Rivera, José Raúl Hernández, Sergio Alvarez Mata y Sergio Hernández Benítez.

Pero a media campaña surgió un obstáculo. El 4 de abril agentes de la policía ministerial detuvieron en flagrancia a Jorge Ramírez García por robo de autos. Confesó que a eso se dedicaba y que los vehículos los vendía a dos personas apodadas Los Perros en el poblado de San Carlos, municipio de Yautepec. Allí los guió. Para entonces, 12 agentes participaban en el operativo.

Junto a la casa hay un deshuesadero de vehículos. Ramírez García tocó la puerta y aparecieron los presuntos compradores, quienes posteriormente se identificaron como José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Daniel Adame Tapia.

El primero hizo una llamada telefónica; los agentes se disculparon, los soltaron y se retiraron. Posteriormente se inició una averiguación previa, pero contra los policías, 10 de los cuales permanecen en el penal de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, acusados de abuso de autoridad y lesiones.

La información llegó a todos los medios de comunicación locales y desde entonces el asunto ha sido la piedra en el zapato de la campaña panista, que resintió el golpe en las encuestas