Responsabilizan a autoridades locales y federales de permitir su operación
Vecinos exigen el retiro de gaseras clandestinas de la colonia Pantitlán
Pedirán a la SCJN que los jueces no otorguen amparos a esas "bombas de tiempo"
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Imagen de archivo de un predio donde microbuses cargaban gas de manera clandestina, en la colonia Gabriel Hernández, delegación Gustavo A. Madero
Foto: José Núñez
La penetración de las gaseras clandestinas en la colonia Pantitlán comenzó hace seis años. Empezaron la distribución del carburante por medio de pipas en la vía pública, cobijadas por la oscuridad de la noche; posteriormente ocuparon terrenos baldíos y ahora operan con toda impunidad, amparadas por jueces federales y en un permiso que les otorgó la Secretaría de Energía, denunciaron representantes vecinales de la zona, quienes alertaron sobre los riesgos que corren miles de familias ante esa situación.
Señalaron que las distribuidoras de gas se instalaron justo en el centro de una gran actividad comercial, donde no sólo hay negocios sino unidades habitacionales y escuelas; pese a ello abrieron estaciones y "armaron una bomba de tiempo".
Además de las violaciones al uso de suelo y la falta de estudios de impacto ambiental y medidas de seguridad, las gaseras intentaron por diversos medios conseguir la aceptación de la comunidad sin éxito alguno, sostuvo Manuel Arenas, integrante del comité vecinal Pantitlán Oriente.
El representante expuso que hubo ofertas a la comunidad por parte de Satélite Gas, SA de CV, para que aceptara la instalación de las gaseras; "primero fueron invitaciones a comer y ofrecimientos de apoyos, incluso se habló de dar un seguro de vida a cada habitante de la colonia".
Las propuestas fueron rechazadas y entonces les ofrecieron dinero; "se intentó poner precio a la vida de las personas", expresó, y ante la negativa "empezaron las amenazas".
Sin embargo, no sólo Satélite Gas se instaló en el lugar; también llegaron Ixtagas y Regiogas, porque Pantitlán, debido a su colindancia con el estado de México, "es una mina de oro para las distribuidoras, por la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona".
En riesgo, más de 17 mil personas
Por su parte, Patricia Figueroa, también representante vecinal, indicó que la oposición de la comunidad se debe a las condiciones de la colonia, cuyo suelo no tiene resistencia para soportar los tanques de almacenamiento del combustible, pues cada salchicha tiene una capacidad de 5 mil litros y una explosión sería de grandes dimensiones.
Los vecinos calificaron de irresponsable que la Secretaría de Energía federal otorgue los permisos sin antes requerir a las empresas la documentación que compruebe su operación regular y garantice la seguridad de las personas.
También responsabilizaron al gobierno de la ciudad, por permitir el funcionamiento de las distribuidoras, que ponen en peligro la vida de los habitantes; refirieron que sólo en la zona oriente de la colonia viven 17 mil personas.
Al respecto, Manuel Arenas precisó que si bien hay un permiso de la Secretaría de Energía, en el documento también se establece que si las empresas no cumplen con la normatividad establecida por el gobierno de la capital la autorización será revocada.
Ante lo que calificaron como una omisión de ambos niveles de gobierno, al permitir la operación irregular de las distribuidoras de gas, los colonos informaron que impulsan la unidad vecinal, y mediante los siete comités que se integran en la zona iniciarán un proceso legal, respaldados con 15 mil firmas.
Los vecinos dijeron que recurrirán a todas las instancias, inclusive irán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impedir que los jueces sigan otorgando amparos a las gaseras.
Advirtieron que si en un plazo de 15 días no hay respuesta, como medida de presión cerrarán las principales vialidades de la colonia, que dan el acceso al Distrito Federal.
Los vecinos exigen una revisión exhaustiva de las distribuidoras del carburante y su desmantelamiento.