Hubo abusos en el desalojo magisterial de Oaxaca: ONG
El 14 de junio, durante el desalojo de los maestros de Oaxaca se violaron derechos humanos por el excesivo uso de la fuerza pública, hubo detenciones arbitrarias y tratos crueles, además de que se identificó a 113 personas que fueron atendidas en diversos hospitales, advirtieron organizaciones civiles de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño.
En conferencia de prensa, informaron que ante el caos, confusión y desinformación por el desalojo, tanto la red oaxaqueña y organizaciones civiles de derechos humanos se dieron a la tarea de documentar y verificar las informaciones ofrecidas por el magisterio, instituciones públicas de salud y afectados, para hacer un recuento del suceso.
Puntualizaron que en el plantón, en el centro de la ciudad de Oaxaca, había unas 30 mil personas, entre maestros y sus familias, las cuales estuvieron expuestas por alrededor de cinco horas a gases lacrimógenos, tiempo durante el cual ocurrieron desmayos y crisis nerviosas, hubo personas golpeadas y pateadas sin distinción y sin consideración, las cuales no fueron identificadas.
En el reporte, precisaron que las instituciones de salud se negaron a informar, aunque a dos semanas de los hechos las víctimas aún presentan efectos secundarios, como infecciones en los ojos, problemas respiratorios, señales de golpes y lesiones, además de que una mujer abortó a consecuencia de la golpiza que recibió.
Sumado a ello, existe un "fuerte daño sicológico causado a menores, mujeres y maestros a consecuencia del desalojo violento". Las violaciones a las garantías individuales se están documentado para identificar con claridad a los agentes del estado que las cometieron.
Destacaron que tras el operativo, se sabe que hubo una gran cantidad de lesionados por el exceso de gas lacrimógeno, los cuales fueron atendidos por sus propios compañeros. Por ello, el gobierno del estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Protección Ciudadana y la dirección general de Seguridad Pública son responsables directos de cada una de las agresiones sufridas por la población civil y por policías, señalaron.
Las agrupaciones advirtieron que quienes han violado el derecho a la educación no son los maestros, sino el gobierno estatal. Señalaron que la lucha laboral del magisterio oaxaqueño es legítima y ha sido usada para alimentar una opinión pública adversa y peticiones de mano dura que han servido para justificar la represión.
Consideraron que la situación ha llegado a extremos de "alta gravedad" y se perfila como un serio riesgo para la convivencia pacífica y el orden institucional en Oaxaca, por lo que demandaron la intervención del gobierno federal para que restituya el orden constitucional violentado.
Presentaron en la Cámara de Diputados el inicio del procedimiento formal y jurídico para que se realice un juicio político al gobernador, Ulises Ruiz. Mencionaron que esto se derivó de una consulta ciudadana que se hizo del 23 al 25 de junio.
Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad de Oaxaca para que se sume al esfuerzo por desterrar a "un gobierno autoritario que enfrenta y polariza a todos los habitantes".