Denuncian el uso electoral de programas sociales
Hay crisis de principios éticos y democráticos en México: ONG
Observadores nacionales e internacionales insistieron en la fragilidad que, ante los partidos políticos, tienen los beneficiarios de programas sociales, que pueden resultar víctimas propiciatorias de la compra y coacción del voto el próximo domingo.
Denunciaron, además, que el actual proceso electoral está "marcado por violencia verbal, ilegalidad e injerencia del Ejecutivo federal" en favor del candidato panista, Felipe Calderón. Todo lo anterior evidencia, coincidieron, "una crisis de los principios éticos y democráticos" en México.
Al dar a conocer los resultados del último monitoreo de los programas sociales antes de las elecciones del 2 de julio, realizado por 25 organizaciones no gubernamentales (ONG) coordinadas por Alianza Cívica en 22 estados del país, revelaron que 6.3 por ciento de 10 mil entrevistados denunciaron presiones para sufragar en favor de candidatos de un instituto político. Esas acciones incluyen la entrega y ofrecimiento de apoyos, incorporación condicionada a programas sociales, regalos y entrega de dinero.
El 6.5 por ciento manifestó haber recibido amenazas por la misma causa. Estas provienen, según los resultados del informe dado a conocer ayer, de autoridades municipales (agentes rurales, síndicos, empleados de ayuntamientos, ediles, personal de salud y maestros).
Mientras tanto, 5.6 por ciento de los ciudadanos entrevistados denunció que les solicitaron la entrega de su credencial de elector o una copia de la misma a cambio de inscribirlos en nuevos programas. Se les advirtió que, en caso de negarse, podrían dejar de ser beneficiados.
Entre las preocupaciones de los observadores destacó que siete de cada diez beneficiarios de algún programa de combate a la pobreza no saben cómo, dónde y con quién presentar una queja, lo cual es aprovechado por los partidos políticos.
Las agrupaciones civiles mencionaron el Programa de Empleo Temporal (PET) y los esquemas similares manejados por los estados como algunos de los que han sido utilizados para ejercer presión sobre los beneficiarios. Lamentaron que estas denuncias no deriven en un castigo para los responsables, por falta de elementos para fundamentar las acusaciones ante el Ministerio Público.
Representantes de Alianza Cívica, acompañados de integrantes del equipo de observación electoral de Global Exchange y de Canadá, además de Calidoscopio Ciudadano, precisaron que el monitoreo realizado del 24 de abril al 26 de junio se aplicó en 182 municipios de 22 entidades, gobernados por todos los partidos políticos con registro.
Señalaron a los estados de México y Guerrero como las entidades con mayor porcentaje de acciones de compra del voto. El primero con 28.5 por ciento y el segundo con 21.1. El tercer lugar lo ocupa Sinaloa, con 14.6.