Deberán probar estancia legal para recibir Medicaid

Reforma contra indocumentados golpeará a ciudadanos pobres

Ante la entrada en vigor este sábado de la ley que requiere a los beneficiarios del Medicaid -seguro médico- en todo Estados Unidos probar con documentos su estado migratorio para poder ser atendidos, diversas organizaciones pro migrantes interpusieron una demanda en contra del gobierno federal de ese país, en un intento por evitar la aplicación de la medida, la que calificaron de inconstitucional.

Ron Pollack, director ejecutivo de la organización Familias USA, una de las entidades demandantes, señaló que existe gran ironía en esta ley, pues los congresistas republicanos que la presentaron sólo lo hicieron para demostrar que son duros contra la inmigración indocumentada.

"Pero los más perjudicados van a ser ciudadanos estadunidenses, como ancianos, personas con problemas mentales o inhabilitados, así como niños en hogares de crianza", señala la organización en un comunicado.

Ante el temor que ha provocado el inicio de la aplicación de la ley, la directora del Departamento de Salud de California dijo que por el momento no habrá cambios en los derechos o beneficios de los receptores de Medi-Cal, ya que apenas están preparándose las directivas para que los condados apliquen la ley.

El retraso se debe a que el gobierno estadunidense no emitió sus reglamentos hasta principios de este mes, aunque la ley se firmó en febrero.

La demanda de las organizaciones pro migrantes fue presentada al pasado miércoles en un tribunal de Chicago y reclama una orden de emergencia que suspenda la aplicación de la medida. La ley no modifica la elegibilidad a Medicaid, el programa federal de salud que se otorga únicamente a ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales con más de cinco años de serlo. Pero hasta ahora la mayoría de los estados del país sólo solicitaba una declaración de ciudadanía del solicitante, aunque tenían posibilidad de requerir documentos si había dudas al respecto.

El cambio fue impulsado hace unos meses por dos congresistas republicanos de Georgia, Nathan Deal y Charlie Norwood, alegando que debían contrarrestar el fraude cometido por indocumentados para obtener beneficios, aunque nunca se probó que dicho fraude fuera un problema extendido.